A los indígenas embera se les voló la piedra, ahora con el Gobierno Petro: se tomaron la sede de la Unidad Nacional de Víctimas y denunciaron que no les han cumplido

Desde antes del mediodía de este lunes 12 de diciembre, más de 220 indígenas embera adelantan manifestaciones en Bogotá como protesta a los incumplimientos por parte del Gobierno nacional, después de que abandonaron el Parque Nacional y los trasladaron a la UPI La Florida en el primer semestre de este año.

Inicialmente, los indígenas bloquearon una de las calzadas que permite el ingreso a Bogotá por la calle 80 desde los municipios del occidente de Cundinamarca, por lo que la movilidad se vio bastante afectada en ese punto de la ciudad.

La situación se presentó en el sector de Puente de Guadua, ante lo cual la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar desvíos por Siberia y la calle 13, para evitar entrar a la calle 80. Por esta manifestación, TransMilenio señaló que hacia el mediodía que la operación en el sistema se vio afectado tanto en las rutas alimentadoras como del servicio dual D81.

Pasadas las 2:00 de la tarde, los más de 200 indígenas llegaron hasta las instalaciones de la Unidad Nacional de Víctimas, en la carrera 85 D con calle 46, al noroccidente de Bogotá, para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con anterioridad.

En las imágenes, muchas de ellas compartidas a través de redes sociales, se ve que varias de las mujeres indígenas embera que están en el lugar están acompañadas de menores de edad, incluso hay quienes tienen a niños en brazos.

Inicialmente, los indígenas se manifestaron afuera de las instalaciones de la Unidad Nacional de Víctimas, pero hubo un momento en el que los ánimos se caldearon y los más de 200 indígenas ingresaron a la fuerza a la edificación.

La situación se controló rápidamente, pues funcionarios de la Unidad Nacional de Víctimas salieron a atender las peticiones de los indígenas que llegaron hasta allí como protesta.

Vale mencionar que esta es la segunda ocasión en que indígenas embera hacen manifestaciones en Bogotá y se toman algún tipo de edificación, dado que en octubre pasado, indígenas de esta comunidad étnica, pero que hoy en día permanecen asentados en La Rioja, se tomaron el antiguo edificio Avianca, en el Parque Santander, sobre la carrera séptima en el centro de la ciudad, a pocos metros de la sede del Banco de la República.

En su momento, los indígenas se tomaron ilegalmente las entradas y salidas de este edificio y al interior del mismo había más de 200 personas totalmente retenidas en contra de su voluntad.

Ante la renuencia de los indígenas de dejar salir a las personas que estaban retenidas, el Esmad se vio en la obligación de intervenir. Esto ocasionó una verdadera batalla campal en el centro de la capital del país.

El acuerdo con los indígenas

El 6 de mayo de 2022 y luego de varios días de negociación, el Gobierno Distrital, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas ―con la mediación de la Comisión de la Verdad y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá― lograron un acuerdo con las comunidades indígenas que estaban asentadas en el Parque Nacional desde el 29 de septiembre de 2021, para que fueran trasladadas a albergues temporales.

En su momento se acordó, que las familias indígenas se iban a trasladar a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en Engativá. Allí, el Distrito les iba a asegurar alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia. También se iban a abrir espacios para la comercialización de sus productos.

El acuerdo logrado incluía un plan de choque para la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas a través de acciones afirmativas —su participación integral en la política pública indígena que el Distrito iniciará en los próximos días— y la apertura de más espacios para su participación.

Adicionalmente, se acordó que el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (AURIV) se iban a encargar de garantizar el regreso a sus territorios de origen de manera segura y digna, y allí se les dará apoyo económico para financiar proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales.

Con las familias que decidan quedarse en Bogotá, se acordó que tendrán apoyo para su reorganización y acompañamiento psicosocial, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas.