Nación
Abren investigación a Laura Sarabia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Una denuncia de la Red de Veedurías se convirtió en la génesis del proceso que está en la delegada ante la Corte Suprema.
Otra denuncia del 26 de junio de 2024 y contra Laura Sarabia, la canciller de Colombia, ahora por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, surtió efecto en la Fiscalía. La Red de Veedurías Ciudadanas confirmó que, en las últimas horas, se abrió una indagación por hechos que fueron reseñados en la denuncia.
De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, es necesario que la Fiscalía indague en las finanzas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), exjefa de Gabinete y ahora canciller de Colombia. En su criterio, hay un enriquecimiento ilícito que llevó a un lavado de activos.
“A efecto de que se investigue y determine la posible comisión o no de hechos punibles, que refieren a funciones del más alto nivel estatal, de cuenta del ejercicio de funciones relacionadas directamente con la dignidad presidencial y congresual, expresado en presuntos hechos de inobjetable relevancia nacional”, señaló la denuncia.
Esta también incluyó a quien era el esposo de Laura Sarabia al inicio de su gestión en el Gobierno nacional, Andrés Parra. Advierte la Red de Veedurías Ciudadanas que es necesario establecer la legalidad de los bienes que han sido adquiridos por estas dos personas y que podrían convertirse en un incremento patrimonial injustificado
“Se investiguen y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos punibles relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente escrito, que en lo relativo al presunto enriquecimiento ilícito se solicita se investiguen los denunciados desde la posesión del actual presidente de la República, doctor Gustavo Petro, hasta la fecha”, dijo el abogado Bustos.
La investigación en la Fiscalía, de acuerdo con la denuncia, señala que en el caso de Andrés Parra pasó de tener un pequeño patrimonio, a una cantidad de bienes que resulta necesario establecer la legalidad de su origen, la forma en la que fueron adquiridos y los soportes necesarios de su propiedad.
Con la denuncia, la Fiscalía tendrá la obligación de establecer la responsabilidad que se atribuye en la misma, adelantar los actos de investigación necesarios y de confirmar lo que aparece en esa denuncia, y continuar con el proceso o, de lo contrario, archivar las diligencias y la investigación contra la canciller.
