Nación
Advierten a junta directiva de la Imprenta Nacional riesgos penales en contrato de pasaportes y preguntan por sus actuaciones
Un derecho de petición radicado a la junta directiva de la Imprenta Nacional cuestiona la actuación de sus miembros y posibles irregularidades.
Pese a la promesa del jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, de firmar el nuevo contrato de pasaportes en pocas horas, han pasado más de diez días y aún no hay claridad sobre el futuro de este contrato que ha generado polémica en el país.
Ante esta incertidumbre fue radicado un derecho de petición ante la Imprenta Nacional de Colombia en el que se le pregunta, en detalle a los miembros de la junta directiva de la entidad, sobre sus actuaciones en torno a la adjudicación del contrato con la Casa de la Moneda de Portugal.
La solicitud de información enviada por la Red de Defensa Ciudadana, que fue remitida también a la Fiscalía, advierte los riesgos de posibles irregularidades con implicaciones legales y disciplinarias que pudieron cometer los miembros de la junta directiva de la Imprenta Nacional al avalar la adjudicación del contrato “de forma directa con la Casa de la Moneda de Portugal sin cumplir con los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad administrativa”.
La solicitud de información, señala el documento, es “sobre la participación, decisiones y actuaciones recientes de la Imprenta Nacional de Colombia, su gerencia, su Junta Directiva y otros funcionarios, en relación con el contrato de elaboración de pasaportes. Este proceso ha sido objeto de cuestionamientos públicos y, al parecer, de investigaciones penales en curso”.
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El titular de la Red Defensa Ciudadana señala que ante el silencio institucional que se ha presentado con este contrato es necesario que se informe la actuación para determinar si los miembros de la Junta Directiva pudieron incurrir en irregularidades como interés indebido en la celebración de contratos, peculado o prevaricato por omisión.
En el documento, radicado el 15 de julio, se advierte la posible responsabilidad de ciudadanos extranjeros que participen en este proceso si se afectan bienes jurídicos del Estado colombiano o de sus ciudadanos.
“Estas circunstancias podrían configurar no solo irregularidades administrativas, sino también faltas disciplinarias e incluso conductas penalmente reprochables, en particular si se determina que los funcionarios actuaron con negligencia, sin la debida diligencia o con conocimiento de que se estaba configurando un procedimiento irregular”, se lee en el documento firmado por Leiner Molina, en condición de representante de la Red de Defensa Cuidadana.
Advierte que la junta directiva de la Imprenta habría sido presionada para firmar acuerdos de confidencialidad con cláusulas restrictivas antes de recibir documentación clave sobre el contrato. La Red señala que estas prácticas podrían constituir intentos de silenciar alertas internas y limitar el escrutinio legítimo de decisiones administrativas de alto impacto.
En comunicaciones formales dirigidas a la Junta, la gerencia, y las áreas jurídicas, de control interno y planeación de la Imprenta, se ha solicitado información sobre sus actuaciones y se ha advertido sobre la posible comisión de delitos (ver imagen).
Además, se ha pedido a la Fiscalía investigar si funcionarios de la Presidencia, Cancillería o la misma Imprenta han incurrido en omisiones o actuaciones dolosas.
La veeduría ha notificado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre el riesgo de que Colombia expida pasaportes que no cumplen con los estándares internacionales, tras la terminación del contrato con Thomas Greg & Sons.
