“Al Ejecutivo no le corresponde interferir en el poder Judicial”: presidenta de la JEP responde a críticas de Duque

Los expertos del mundo en justicia transicional posaron su atención en Colombia durante dos días. El 29 y 30 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en colaboración con la embajada de Suiza en Bogotá, sostuvo el evento ‘Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas’, que reunió a conocedores de este tipo de mecanismos judiciales en torno al proceso que se adelanta hoy en el país en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Diferentes temáticas, en las que cada panelista compartió sus conocimientos y experiencias de lo que han vivido en países que pasaron por transiciones similares, fueron abordadas y contaron con la asistencia, en modalidad virtual, de abogados, estudiantes y funcionarios del sector público.

Pero lo que se pensó como un evento de corte académico y técnico, de entrada se desvió un poco con comentarios que hacen parte de la escena política nacional. La instalación del encuentro contó con la intervención del presidente Iván Duque que, a pesar del amplio número de asistentes extranjeros, rápidamente presentó sus reparos frente a la JEP y llamó la atención sobre la necesidad de que los líderes de las Farc contribuyan contando la verdad tras cinco décadas de conflicto. Sus críticas se asemejan a las que miembros de su partido, el Centro Democrático, han expresado desde que el tribunal inició trabajos en 2017.

El mandatario aseguró que su Gobierno está comprometido con la consecución del Acuerdo de Paz y, por ende, con las labores emprendidas por la JEP, siempre y cuando se evite a toda costa “una verdad parcial, amañada e inverosímil”. El tono de su discurso continuaría bajo esta misma línea. Explicando que la verdad constituía “un imperativo al que no se puede renunciar”, el jefe de Estado señaló que la ciudadanía está atenta a que los exguerrilleros admitan todos los crímenes que cometieron y afectaron a millones de personas.

“Para contribuir a una paz verdadera hay que adoptar decisiones que den plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en estos actos terroristas” agregó.

También se refirió a la información que se difundió esta semana sobre Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y su declaración ante la JEP. La Jurisdicción, por petición de los comparecientes, publicó los videos de las audiencias y en ellas se escuchó a Londoño afirmando que el aborto forzado nunca fue una práctica empleada por la organización armada y que, en cambio, la interrupción del embarazo en las combatientes se daba únicamente de forma voluntaria. Ante esto, Duque mostró su inconformidad.

“Exigimos que paren las declaraciones abiertamente desafiantes y revictimizantes como las hechas a comienzos de este mes acerca de que en las filas las Farc se presentaron abortos voluntarios. El mundo entero conoce que los abortos forzados eran una práctica común en esa organización criminal” manifestó.

El presidente se enfocó nuevamente en la JEP al hablar de las condenas y las dificultades que existen en la reparación de víctimas. Frente a lo primero, reconoció que las penas no pueden ser las mismas que contempla la legislación penal, pero enfatizó en que se deben aplicar sanciones “genuinas y proporcionales” que no caigan en vanos simbolismos. Y, con respeto a lo segundo, recordó que, al momento de desmovilizarse y entregar las armas, las Farc registró un patrimonio de activos que rondaba los 954.000 millones de pesos. De ese total, según dijo, “no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventariados” y esto ha generado dificultades al momento de resarcir los daños morales y materiales de las víctimas. Remató con un jalón de orejas al tribunal.

“A hoy no hay dinero ni recursos provenientes de las Farc para reparar a las víctimas, evidenciándose así un incumplimiento que requiere la toma de decisiones oportunas por parte de la JEP” aseveró.

De igual manera que sus copartidarios y amplios sectores de la derecha, se mostró escéptico de la responsabilidad de la guerrilla, especialmente del senador Julián Gallo, alias Carlos Lozada, en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Duque pidió a los magistrados que no tomen ciegamente como cierta la atribución que hizo a sí misma la exguerrilla. “Este presunto reconocimiento, tardío por demás, debe ser analizado con prontitud por la JEP para definir su veracidad”.

Y la cima de su exposición llegó cuando reprobó la propuesta de que los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de someterse a la justicia transicional. “Ya tienen su régimen” declaró, aludiendo a la Ley de Justicia y Paz. “No es posible que ahora pretendan algunos sugerir la inclusión de los miembros de las AUC como terceros civiles, con el argumento de buscar la verdad” censuró sin mencionar al senador Roy Barreras, que fue quien planteó esta opción para los exparamilitares.

¿Qué respondió la presidenta de la JEP?

La magistrada Patricia Linares, quien finaliza su periodo como presidenta de la Jurisdicción el próximo 4 de noviembre, contestó a las palabras del presidente horas después en el programa del periodista Yamid Amat. Admitió sentir “desconcierto” por la forma en la que el primer mandatario se dirigió a la JEP y lo calificó como un intento por “manejar, definir u orientar” aspectos cuyo conocimiento le corresponden únicamente a los miembros del tribunal. Su réplica, sin remitirse a cada uno de los puntos que tocó Duque, fue una especie de rechazo general a su discurso y dejó percibir el malestar que causó al interior del órgano judicial.

“No es admisible que un poder público le señale a otro cómo es que debe actuar, qué debe decidir, cuál es el alcance de sus funciones, cuáles son las personas que deben someterse a su jurisdicción o cuáles son las sanciones a imponer. Eso está consagrado de manera explícita, clara y definida en la Constitución y en la ley” advirtió.

A esto, Amat le preguntó si creía que el presidente no debe opinar sobre las acciones que se toman las instituciones del poder judicial. Pese a que su respuesta previa ya había sido clara, Linares reiteró que no. “Al Ejecutivo no le corresponde interferir en el poder Judicial” y posteriormente añadió que las exigencias de Duque respecto a sanciones ejemplificantes carecían de fundamento porque los magistrados de la JEP no elegían a su conveniencia las penas sino que se regían por las normas.

“No tiene el juez la facultad discrecional para imponer para definir cuál sanción pone o para establecer que una sanción sea más gravosa según su criterio personal. Las sanciones, y no solo en la JEP, están establecidas de manera expresa en la ley” señaló.

Aunque su molestia era evidente, la presidenta saliente dejó claro que ella y sus colegas no planeaban emitir ningún documento en el que rebatieran las críticas del primer mandatario porque se dedicarán a la función para la que fueran nombrados: administrar justicia. “Debates en escenarios distintos al judicial no nos corresponden”.

La entrevista culminó con Linares exponiendo una contradicción de la administración Duque con relación a la justicia transicional. Se remitió al 14 de octubre cuando la canciller Claudia Blum se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU. En aquella ocasión, Blum afirmó que el Gobierno respetaba la autonomía e independencia de los componentes del SIVJRNR: “El Gobierno nacional ha apoyado y sigue respaldando el trabajo independiente de los diferentes mecanismos que conforman este sistema”.

Para Linares, estas palabras no se compadecen con el accionar del presidente.