Alarmante: Denuncias por inasistencia alimentaria superan 100 mil casos en los últimos tres años

La cuota alimentaria, un elemento fundamental para garantizar el bienestar de los menores hijos de padres separados, no solo cubre los alimentos, sino también una serie de necesidades que incluyen vivienda, educación, salud, vestuario, asistencia médica, recreación, transporte y otros aspectos esenciales para el desarrollo integral de niños y niñas.

De acuerdo con la ley en Colombia, esta cuota puede alcanzar hasta el 50 % del salario mensual y se distribuye de manera proporcional según el número de hijos que tenga el padre o la madre responsable de su cumplimiento.

Datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación, revelan una preocupante tendencia al alza en los casos de inasistencia alimentaria en el país, conducta que actualmente es tipificada por la ley colombiana como un delito, y puede dar lugar a una pena de cárcel que va desde los 16 hasta los 54 meses de prisión.

Adicionalmente, el incumplimiento de este deber implica multas de entre 13,33 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el artículo 233 del Código Penal. En la pasada legislatura, el Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia, presentó ante el Congreso el proyecto de ley de ‘humanización carcelaria’, el cual pretendía, entre otros, eliminar este delito con el fin de descongestionar las cárceles.

No obstante, hoy en día, la ley ampara a los menores y castiga con cárcel a los padres que incumplan con sus obligaciones.

Aumento de casos de inasistencia alimentaria

En el año 2020, se registraron 30,203 casos de incumplimiento de la cuota alimentaria. En 2021, esta cifra aumentó significativamente a 41,846 procesos. Y durante el 2022, la cifra bajó y se interpusieron 30,069 denuncias adicionales, sumando más de 100,000 registros en el sistema penal en los últimos tres años, según datos de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo denunciar?

Para aquellos padres o madres de familia que enfrentan esta situación, es fundamental conocer los siguientes cinco factores clave:

1. Inicio del proceso legal: El proceso puede iniciarse cuando el padre responsable ha incumplido total o parcialmente con el pago de la cuota alimentaria, incluyendo los aumentos anuales y las mudas de ropa acordadas.

2. Documento de fijación de la cuota: Es esencial contar con un documento escrito que establezca la cuota alimentaria. Los acuerdos verbales no son válidos en este contexto y el documento escrito sirve como base para calcular las obligaciones del padre o madre.

3. Juez de familia: El proceso se lleva a cabo ante un juez de familia, quien estudiará el caso y tomará las medidas disciplinarias o penales necesarias para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad.

4. Jurisdicción del niño: El proceso debe comenzar en la ciudad donde reside el menor, garantizando que se realice en el lugar más conveniente para su bienestar.

5. Asesoramiento legal: Siempre se debe contar con la asesoría y representación de un abogado. Las demandas deben ser redactadas y firmadas por un abogado con la correspondiente tarjeta profesional.

En casos donde la denuncia ya esté en curso y persista el incumplimiento, alegando falta de bienes o ingresos, el denunciante debe informar por escrito al fiscal del caso para que continúe con el trámite.

Según Edwin Gutiérrez, director de Soluciones Jurídicas de Colombia, “Primero hay que fijar la cuota alimentaria por escrito y luego cobrarla. Si la persona no la quiere pagar, hay medidas cautelares como bloquear la salida del país, reportarlo en el Registro de Deudores de Cuota Alimentaria (REDAM) y, al estar allí, no puede comprar propiedades, no puede acceder a un empleo público y tiene embargos en sus salarios o en sus diferentes cuentas bancarias, incluyendo Nequi, Daviplata y demás bolsillos digitales.”

Durante el proceso de separación, el acompañamiento, asesoría y representación legal son fundamentales para evitar errores comunes, como no fijar la cuota alimentaria por escrito, carecer de información de contacto del demandado, desconocer detalles sobre los salarios y bienes del deudor, o iniciar el proceso sin la guía de un abogado.