Alerta en Cundinamarca: puente que comunica a Cota con Bogotá presenta graves agrietamientos y está en riesgo de colapsar

La Personería Municipal de Cota, encabezada por su personero Eduardo Quintero, junto con veedores, ingenieros y ciudadanos, lanzaron una alarmante advertencia sobre el estado crítico del puente La Virgen, situado en la vía Cota-Suba.

Esta situación ha generado una creciente preocupación en la comunidad que diariamente transita por esta zona, debido a los evidentes daños estructurales que el puente presenta, los cuales podrían poner en riesgo la seguridad en el corredor.

Por su parte, Eduardo Quintero emitió un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas preventivas de manera inmediata. El objetivo es evitar una posible tragedia que podría resultar de un colapso o accidente relacionado con el deterioro del puente.

La advertencia de Quintero y el equipo de veedores subraya la necesidad de una intervención rápida y efectiva para asegurar la estabilidad del puente y proteger a los usuarios de la vía. “Hace unos meses el municipio de Chía tomó la restricción para vehículos de carga pesada, razón por la cual todos estos vehículos de carga se vienen desplazando por el lado de Cota-Bogotá”, detalló el personero en Noticias Caracol.

La Personería Municipal de Cota está exigiendo a las autoridades locales y regionales que se realicen inspecciones detalladas, se implementen reparaciones urgentes y se evalúe la viabilidad de una solución a largo plazo para evitar futuros riesgos.

La comunidad de Cota también está participando activamente en la denuncia de esta problemática, consciente de que un posible colapso del puente podría tener consecuencias graves tanto para la seguridad pública como para la conectividad entre Cota y Suba. La colaboración entre los ciudadanos, los veedores y las autoridades es crucial para abordar esta situación de manera efectiva y garantizar la seguridad de todos los que transitan por esta importante infraestructura.

Otra problemática en Cundinamarca

Las obras de la Avenida Longitudinal de Occidente, tramo sur (ALO Sur), ubicado en los municipios de Soacha, Mosquera y Sibaté, en el departamento de Cundinamarca, y en la ciudad de Bogotá, tienen desesperadas a decenas de familias agrícolas que denuncian estar aisladas y afectadas por el proyecto.

Se trata de la comunidad de la vereda Balsillas, en Mosquera. Argumentan que, para el desarrollo de su actividad económica y de los proyectos de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas aprobados por la CAR, es necesario el tránsito de vehículos automotores de carga pesada tipo volqueta por la vía nacional que hoy es conocida como la Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur.

Resaltan que esta es la única arteria vial que permite la conexión de los predios agrícolas con la ciudad de Bogotá.

La problemática del asunto, según los habitantes, es que desde noviembre de 2023 la concesión dispuso, de forma arbitraria, el cierre total de la vía a la altura del puente vehicular que pasa sobre el río Balsillas, con fundamento en una presunta existencia de daños estructurales en el puente, sin ninguna clase de estudio técnico sobre el particular.

Y advierten que el cierre se habría realizado sin una previa socialización con los habitantes y/o propietarios de los predios aledaños que se servían de esta vía.

Manifiestan que, dada esa situación, buscaron una nueva servidumbre por la cual conectar con la Avenida Longitudinal de Occidente y lograr el tránsito hacia la ciudad de Bogotá. No obstante, según denuncian, en diciembre de 2023, el concesionario ALO Sur S.A.S., encargado de la obra, dispuso el cierre total de la vía, esta vez sobre el puente del río Bogotá, trayendo como consecuencia la incomunicación total de los predios agrícolas con la capital del país.

Esta situación –advierten– les ha traído como consecuencia la imposibilidad de ejecutar los proyectos aprobados por la CAR; la amenaza de incumplimientos contractuales en la recepción de residuos y materiales para la disposición en las zonas autorizadas por la entidad; el derecho y uso del espacio público y de la comunidad en el libre tránsito hacia Bogotá; la obstrucción en el desarrollo de la dinámica económica del sector; la limitación del giro ordinario de los negocios y actividades comerciales, y las afectaciones en el derecho al trabajo del personal que labora en los proyectos que les autorizó la corporación.