Nación
Alerta por crisis de alimentación en centros de detención transitoria; Corte Constitucional tomó medidas urgentes
El Ministerio de Justicia deberá reformular el plan que permita garantizar el servicio de alimentación sin interrupciones a partir del próximo 1 de julio.
La Sala de Seguimiento del estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país adoptó medidas urgentes para evitar una inminente crisis de alimentación en los centros de detención transitoria. La decisión se conoció después de la mesa interinstitucional sobre la prestación de ese servicio en esos establecimientos penitenciarios del país.
La Corte Constitucional confirmó a través de un comunicado: “Identificó graves falencias en el diseño y ejecución del plan de contingencia. Advierte que la combinación de la inacción territorial, la falta de un marco normativo que habilite la intervención de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la inexistencia del plan de contingencia eficaz y financiado compromete de manera grave la garantía de los derechos de la población reclusa".
Falencias que también sacó a relucir el alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca), Julián Sánchez, quien aseguró que con esa decisión se reconoce la grave situación por la que están pasando muchos municipios para atender la crisis humanitaria que se vive en las cárceles de Colombia.
“La Corte reconoce la crítica situación de muchos municipios y entiende que es desproporcionado atribuirles la alimentación de los detenidos, que debe continuar siendo prestada por el Gobierno nacional. La decisión abre las puertas a un gran debate nacional acerca de cuál es el nivel de gobierno que debe ocuparse de la población privada de la libertad”, dijo el alcalde de Soacha en su cuenta de X.
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Por su parte, la Corte Constitucional les recordó al gobierno del presidente Petro y a todas las entidades competentes en atender esta problemática que el modelo de prestación de servicio de alimentación para los privados de la libertad debe ajustarse a principios como la dignidad, la igualdad, la suficiencia, la continuidad y la coordinación de todo el Estado para garantizar los derechos de esa población.
“La alimentación constituye un componente esencial de la vida digna y que no puede admitirse ningún vacío competencial, normativo o presupuestal que permita su afectación", manifestaron desde la sala de seguimiento.
Ahora el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, deberá reformular el plan de contingencia que permita asegurar la prestación de dicho servicio sin interrupciones a partir del 1 de julio de 2025. El Inpec también deberá implementar traslados de condenados en centros transitorios, para liberar cupos.
La Corte también le hizo un llamado al Congreso: “Avance con carácter prioritario en el trámite legislativo de los proyectos de ley orientados a prorrogar la competencia de la USPEC y garantizar la continuidad del servicio”.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach también deberá adelantar las investigaciones disciplinarias necesarias contras las autoridades que incumplan sus deberes frente a la atención de esta población.
