Álvaro Ashton genera un terremoto político. Esta es la lista de políticos y empresarios que salpicó por vínculos con paramilitares

Durante dos días, el exsenador liberal Álvaro Ashton entregó información ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los vínculos de dirigentes políticos y empresarios con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Lo dicho por el excongresista tiene los ingredientes necesarios para motivar un terremoto político. Esto se debe a los nombres que entregó y las alianzas que se firmaron para apoyar el proyecto electoral de los paramilitares en el norte del país.

Para poner un ejemplo, entre los nombres citados por Ashton se encuentra el del expresidente del Senado y actual precandidato a la Presidencia, Efraín Cepeda.

“En audiencia única de aporte a la verdad plena, el compareciente mencionó que el senador Efraín José Cepeda Sarabia habría mantenido acercamientos y acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares”, señaló la JEP mediante un comunicado en el que se citaron las declaraciones entregadas por Ashton.

“Especialmente —añade la comunicación— en el marco de alianzas departamentales y de redistribución de votos en Barranquilla y Soledad, en Atlántico. Asimismo, mencionó al exsenador David Char Navas, quien habría obtenido algún tipo de apoyo en actividades económicas y políticas por parte de estructuras paramilitares”, indicó el exsenador liberal.

La lista no quedó ahí. Ashton también mencionó a Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, David Char Navas y Jorge Alberto Gerlein Echeverría de haber firmado la aprobación de las partidas en el presupuesto nacional para financiar los proyectos específicos que realizaba el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC con la Alcaldía de Barranquilla.

En su declaración, Ashton reconoció que él también firmó estas alianzas políticas con el Bloque Norte de las AUC.

“Todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios”, detalló.

En otro de los apartes mencionó al exsenador y actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habría apoyado los proyectos que beneficiaban a los paramilitares.

“De igual forma, señaló que ponían el poder legislativo al servicio de las AUC, como en el caso concreto del debate sobre la Ley 975 de 2005, destacando que, el parlamentario Armando Alberto Benedetti Villaneda”, señaló la JEP en su comunicación.

“Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal que fueron negados en las comisiones primera de Senado y Cámara y fueron apelados por Benedetti, […] en la Cámara”, señaló en aquella oportunidad Ashton.

La lista no terminó ahí. El excongresista mencionó además al exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, y su jefe de planeación, José Pérez Orozco.

Igualmente, reveló que el empresario y propietario de la firma Consultores del Desarrollo S. S. A. (Condesa), David Name Terán y el exgobernador de Magdalena, Trino Luna Correa, y Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como La Sombrerona, tuvieron su relación en los acuerdos políticos pactados con las AUC.

“La exalcaldesa de Soledad, Rosa Stella Ibáñez, y su secretario de Educación, Alfredo Noya Zabaleta, implicados en desvío de recursos públicos. Y a los excongresistas Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo, vinculados en alianzas políticas con paramilitares”, señaló la JEP en otro de los apartes del comunicado.

“En sus aportes de verdad, Ashton explicó cómo algunas decisiones de la época se tomaron con el fin de beneficiar los intereses de la parapolítica. Por ejemplo, con la reforma política de 2003 que permitió la división de partidos políticos, de la cual surgieron Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, partidos que favorecieron el fortalecimiento de grupos paramilitares”, agregó.

Para el proyecto que buscaba una reforma constitucional en el año 2003 para promover la “refundación del país de tomarse desde arriba el poder” por parte de las AUC fueron clave Óscar Darío Pérez Pineda, Óscar Alberto Arboleda Palacio y Jorge de Jesús Castro Pacheco.

Además, entregó los nombres de los empresarios como Juan García Estrada, alcalde de Barranquilla, encargado para la época, y Roberto Castillejo, asesor de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), a quien calificó como el “asesor de las AUC en el tema ambiental”.

También mencionó a Julio Gerlein Echeverría (procesado actualmente por la fuga de la excongresista Aida Merlano), Edgardo Navarro Vives, Edgardo Osorio Vargas y al contratista Javier Haddad. Estos empresarios y contratistas habrían sido “financiadores del Bloque Norte de las AUC”.

“Los testimonios de Asthon sugieren que varios de estos dirigentes, aunque no fueron judicializados u hoy gozan de libertad, mantuvieron relaciones de cooperación política, intercambio de apoyos o silencios estratégicos que facilitaron la penetración del paramilitarismo en la política regional”, agregó la JEP.

Los otros señalados

Finalmente, el excongresista mencionó a miembros de la organización masónica de Barranquilla, “la cual habría servido como espacio de encuentro y articulación política, económica y social entre empresarios, dirigentes locales y emisarios del Bloque Norte de las AUC”.

Ashton aseguró que estas personas habrían colaborado para convocar reuniones, apoyos financieros y acercamientos entre líderes empresariales, políticos y representantes del paramilitarismo, en un contexto en el que “la masonería servía como escenario de influencia social y de legitimación pública” para la materialización de ciertos pactos de poder y acuerdos de cooperación electoral.

Frente a la participación de agentes de la Fuerza Pública, el exsenador hizo referencia a funcionarios del Gaula Militar, como el mayor Jesús Orlando Barón, y a la infiltración de las estructuras armadas en instituciones como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A, todas utilizadas para obtener control político, contratos y legitimación social. “Hoy (…) la Universidad del Atlántico está padeciendo esas consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”.

Teniendo en cuenta las declaraciones del excongresista, la JEP le pidió a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, “para que en el marco de sus competencias determine” si hay lugar a iniciar investigaciones penales contra los mencionados.

Esta es la resolución en el caso de Álvaro Ashton