Ante escándalo por protestas campesinas promovidas por Gobierno Petro, Procuraduría asegura que “excede la potestad reglamentaria”

La Procuraduría General de la Nación manifestó su “gran preocupación” con respecto al proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Agricultura titulado ‘Por el cual se promueve la movilización y organización campesina’. Para el Ministerio, el proyecto presenta notables omisiones que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular el derecho de reunión y protesta pacífica, consagrados en el artículo 37 de la Constitución.

Uno de los puntos de inquietud resaltados por la Procuraduría es la falta de mención en el proyecto de la libre asociación, un derecho contemplado en el artículo 38 de la Carta Magna, que otorga a los ciudadanos la facultad de unirse y formar asociaciones para la consecución de objetivos comunes.

A pesar de las afirmaciones de diversas instituciones gubernamentales de que el proyecto “enmarca la materialización del derecho a la organización y movilización campesina”, la Procuraduría considera que este decreto que tiene listo el MinAgricultura, y que conoció SEMANA, podría exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo al regular derechos que implican un ejercicio autónomo. El papel del Estado, en este contexto, debería limitarse a garantizar solo el ejercicio de dichos derechos, aseguré el organismo de control.

“Por esas razones, para la Procuraduría es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio”, señaló.

La Procuraduría también expresó su inquietud sobre la aparente utilización del decreto como un instrumento para respaldar la reforma agraria a través de movilizaciones sociales. Aunque el texto “carece de claridad” en este aspecto, se hace referencia a un “llamado a la movilización y organización campesina” y a la creación de comités municipales como mecanismo de democracia participativa en defensa de la reforma agraria.

“Le llama la atención al Ministerio Público que el Gobierno acuda a la expedición de un decreto oficial para, posiblemente, defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales”, resaltó.

Adicionalmente, para el Ministerio Público existe incertidumbre sobre si el Gobierno asignará recursos para respaldar la participación de los campesinos en estas movilizaciones, ya que el texto menciona que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

La Procuraduría subrayó la importancia de estas observaciones, “dado que la expedición del decreto podría implicar una violación a nuestra Constitución Política, al reglamentar, promover -y tal vez costear- la movilización de un sector específico de la sociedad para que apoye una política gubernamental, aun cuando existen mecanismos y autoridades facultadas para, por un lado, asegurar que este grupo de personas ejerza sus derechos a asociarse, manifestarse y participar en política y, por otro, a que el Gobierno Nacional avance en la reforma agraria que propone”.

En esa misma línea, la entidad instó al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos del campesinado a través de los “canales institucionales existentes”, evitando la proliferación de espacios que puedan “obstaculizar la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos”.

“La Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes, con lo cual, por un lado, evitaría la multiplicidad de espacios que superen la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, y por el otro, avanzaría en la mejora de las relaciones sociales y en el fortalecimiento de la confianza institucional, a partir de consolidar los principios democráticos y la armonización de elementos de diálogo en la toma de decisiones de las diferentes ramas del poder público, bajo el postulado de la protección de la pluralidad y la diversidad que reconoce nuestra Constitución”, enfatizó.