Antonio Luis González, el polémico fiscal del Caso Colmenares, fue sancionado por un año por dilatar un proceso e insultar al personero

Antonio Luis González Navarro, recordado por ser el fiscal de la Unidad de Vida que llevó la investigación por la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, registrado el 31 de octubre de 2010, acaba de ser suspendido por doce años para ejercer la profesión.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó que González Navarro incurrió en un abuso constante de las vías de derecho e injuriar varias veces al personero que adelantaba el proceso contra Johanna Paola Bocanegra Olaya, exalcaldesa local de Fontibón.

En la extensión del juicio, el abogado presentó un total de once solicitudes de aplazamiento, cuatro nulidades de lo actuado y una quinta frente al auto que citó a una audiencia, interpuso dos recursos de reposición infundados e inclusive recusó al personero en dos oportunidades, con lo cual logró impedir que el proceso tuviera un normal desarrollo.

Cuando se instó a González Navarro a guardar mesura y respeto hacia el despacho y ser ponderado a la hora de dirigirse al personero delegado, este se abstuvo de hacerlo, utilizando afirmaciones que estuvieron encaminadas a menguar la honra del funcionario, como: “Abusar del poder”, “tener un interés distinto a la ley” y “seguir un procedimiento arbitrario”.

Estas acusaciones, a juicio de la Comisión, configuraron la falta y evidencian una intención de dañar la integridad moral del servidor, irrespetos que llevó también a la audiencia pública. Igualmente, la Comisión indicó que todo lo anterior, visto de manera recurrente y sistemática, y no por aparte e individualmente, era suficiente para establecer que el profesional tuvo la intención de dilatar el proceso, pues si la actuación del disciplinado hubiera estado dirigida únicamente a garantizar que su defendida rindiera versión libre antes de los alegatos de conclusión, para ello no necesitaba extender el proceso por más de un año.

En el fallo se manifiesta que el profesional del derecho optó por un comportamiento antiético, en la medida que durante los 14 meses que actuó en defensa de la doctora Bocanegra Olaya, fue evidente su abuso, con el único fin deliberado de retardar una decisión de fondo, sobre todo porque para el momento en que asumió el encargo, solo estaba pendiente alegar de conclusión, acto que se agotaba en la audiencia pública que fue reprogramada en múltiples oportunidades.

En febrero pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cerró la investigación que se adelantaba contra Antonio Luis González por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. El caso tenía su origen por los tres testigos falsos que presentó en los procesos contra las estudiantes de la Universidad de los Andes, Laura Moreno y Jessi Quintero, así como Carlos Cárdenas —este último acusado de golpear con una botella en la cabeza a Colmenares en medio de una pelea en el parque El Virrey—.

Sin embargo, y pese a que los tres testigos aceptaron mediante un preacuerdo que habían faltado a la verdad y que jamás tuvieron contacto con ninguno de los tres acusados, la Fiscalía General sostuvo que después de once años no se puede certificar que Antonio Luis González contactó de forma irregular a estos jóvenes y los presionó para que declararan.

“Bajo tales parámetros y teniendo la oportunidad en varios momentos, no encontramos en la carpeta estudiada nada distinto a lo dicho por los testigos que insisten en darse como testigos presenciales y, por ende, el fiscal González no tuvo conocimiento de la falacia. Por lo anterior, para tiempos en que el indiciado tuvo a cargo la investigación, no aparece evidencia, ni encontramos una solicitud expresa”, dijo la Fiscalía en su solicitud de preclusión.