Así eran los millonarios bienes de una “empresa” dedicada a lavar el dinero de diferentes grupos criminales

En menos de tres años, una “empresa” que se convirtió en una especie de outsourcing dedicado al lavado de dinero, logró amasar una multimillonaria fortuna que provenía de diferentes grupos criminales. Las propiedades sumaban más de 109.000 millones de pesos y estaban ubicadas en diferentes ciudades del país.

Son al menos 45 bienes que pasaron a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía los ocupó con fines de extinción de dominio e iniciaron un proceso que estaba en mora, pues las propiedades llevaban años en poder de esta llamada “empresa” criminal.

“La Fiscalía General de la Nación impactó el patrimonio ilícito que habría constituido una organización transnacional que, entre 1997 y 2000, lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá, a través de diferentes maniobras financieras como la compra de bienes muebles e inmuebles”, señaló la Fiscalía.

Las propiedades que fueron ocupadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, estaban ubicadas en Bogotá, Medellín, Antioquia, Cali, Valle del Cauca, Barranquilla, Atlántico, San Jacinto del Cauca, Bolívar, Ayapel y La Apartada en el departamento de Córdoba.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas”, advirtió el ente acusador.

José Iván Caro Gómez, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, explicó que los activos afectados con fines de extinción de dominio, están representados en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.

“Los dueños de los bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero, que no correspondían a su perfil económico y generaron un incremento injustificado en el patrimonio”, señaló la Fiscalía tras los operativos.

Los bienes, como quienes se presentaban como propietarios, harán parte de un proceso en la Fiscalía en el que se espera demostrar la ilegalidad de las actuaciones y la misma tenencia de las propiedades, ahora objeto de extinción de dominio. La Fiscalía y los afectados con estas medidas tendrán que enfrentarse con los jueces de esa jurisdicción.