Así fue como una mujer logró suplantar sitios web para robar más de $1.000 millones de pesos

En un veredicto contundente, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Gloria Patricia Ruiz García a una pena de 6 años y 6 meses de prisión. La decisión se basó en el material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación, que demostró su responsabilidad en una serie de delitos relacionados con el uso indebido de medios informáticos.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, reveló que Gloria Patricia formaba parte de una organización criminal dedicada a la suplantación de sitios web y la obtención ilícita de información empresarial confidencial.

Uno de los integrantes de esta red delincuencial se hizo pasar por el representante legal de una empresa que había sido previamente hackeada. Aprovechando esta situación, envió correos electrónicos manipulados que le permitieron modificar los datos de cuentas bancarias de una proveedora de alimentos. De esta manera, Gloria Patricia y la organización logró apropiarse de más de 1.000 millones de pesos.

De acuerdo con las pesquisas, los fondos fueron retirados durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, mediante el cobro de cheques. Gloria Patricia se encargó de retirar $44.500.000 de la suma total sustraída.

El juez determinó que la mujer era coautora de los delitos de suplantación de sitios web, hurto por medios informáticos y uso de documento falso. La contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía General fue crucial para establecer su culpabilidad y dictar la condena.

Además de la pena de prisión, Gloria Patricia Ruiz García deberá cancelar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con esta sentencia, la decisión ha quedado en firme y la condenada deberá afrontar las consecuencias de sus acciones.

Millonario robo de recursos para de viviendas de interés social

Por otra parte, en un importante avance en la lucha contra la corrupción se dio en Neiva, donde la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila imputó cargos por el delito de peculado por apropiación a cuatro personas, tres de ellas pertenecientes a una misma familia, “por el caso de la gerencia de vivienda que el Banco Agrario ofertó para los subsidios de interés social rural de Tarqui y Suaza, Huila, en el 2015, que no se ejecutó en su totalidad”, de acuerdo con la Fiscalía General.

Los imputados son Adriana Marcela Peña Saavedra; su madre, Alicia Saavedra Perdomo; su tío, Jaime Saavedra Perdomo, y Diana Cedeño Chicaiza, quienes desempeñaron diferentes roles en este caso. Según los peritos del Grupo de Administración Pública y de Criminalística del CTI, el monto del peculado asciende a más de 2.000 millones de pesos.

De acuerdo con los investigadores, se estableció que, de las 289 viviendas destinadas al proyecto, solo 64 fueron intervenidas, 29 en Tarqui y 35 en Suaza, con un valor superior a los 900 millones de pesos.

Los expertos detectaron irregularidades en el manejo de las 8 cuentas en las que el banco giró los recursos para los proyectos (más de 3.000 millones de pesos). El ente investigador encontró que Jaime Saavedra Perdomo aparecía como única persona autorizada para realizar giros, mientras que Adriana Marcela Peña Saavedra, la contratista y representante del consorcio, debía tener esta facultad.

Presuntamente, el procesado firmó la emisión de 70 cheques que mayoritariamente fueron girados a personas naturales y jurídicas que no tenían relación con la ejecución del contrato. Además, se registraron abonos para la compra de vehículos y equipos de oficina que no estaban relacionados con el objetivo del proyecto.

Los hechos imputados ocurrieron entre septiembre de 2014 y abril de 2016, durante el procedimiento de solicitud pública de ofertas GV VISR-2014-004, en el cual el Banco Agrario debía administrar los recursos públicos destinados a los mencionados subsidios de vivienda rural.

“La gerencia le fue otorgada a un consorcio representado por Adriana Marcela, con quien el Banco Agrario de Colombia, el 29 de mayo de 2015 en Bogotá, suscribió el contrato de Gerencia Integral C-GV2014-106 a través del cual la contratista se comprometió a realizar las funciones de Gerencia Integral para la administración de los recursos públicos destinados a 8 proyectos en dos municipios del Huila, como lo son Tarqui y Suaza”, explicó la Fiscalía.

Los recursos destinados provenían del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, cuyo valor fue de $ 5.264.532.964.42 por concepto del subsidio y la contrapartida, y $ 137.287.000 por concepto de comisión por administrar esos recursos públicos, con término de ejecución de 8 meses contabilizados a partir del primer desembolso.

Ninguno de los imputados ha aceptado los cargos presentados por la delegada fiscal. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y garantizar que se haga justicia en este escandaloso caso de peculado que ha afectado los recursos destinados a vivienda de interés social rural en el departamento del Huila.