Cayó peligrosa banda que esclavizaba y prostituía colombianas en Chile. Estos son los aterradores testimonios de las víctimas, “teníamos que atender aberrados”

“Cuando teníamos la menstruación, Paula y Yolanda nos decían que teníamos que tener relaciones sexuales con los hombres en ese estado, que debíamos taponarnos y ellas nos enseñaron a hacerlo”, contó a la Fiscalía y la Policía, una mujer que estuvo por casi un año secuestrada en tres casas de las ciudades chilenas de Osorno, Puerto Montt y Temuco.

“Nos taponamos con papel higiénico, con gasas y con elementos absorbentes y así teníamos las relaciones sexuales, eso nos generaba más dolor… Nosotras les decíamos que no era justo trabajar así y ellas nos decían que había una deuda que debíamos pagar”, relató la víctima que pudo escapar de esta red de trata de personas liderada por una familia colombiana: abuela, madre, hijos y nietos.

La historia de secuestro y abusos sexuales arranca en barrios marginales de la ciudad de Manizales. Los delincuentes, oriundos de la misma ciudad, recorren las calles buscando víctimas, jóvenes entre 18 y 25 años de edad, con problemas económicos y dispuestas a sacrificarse por sus familias.

“Ella me dijo que le enviara unas fotos mías que ella decidía si servía para el trabajo o no. Después me llamó y me dijo que ya había hablado con su hermana Paula, que ella le había dicho que sí y me puso una cita en el barrio Cervantes. Allí estaba con un señor del taxi que era como un amigo y me llevaron a sacar el pasaporte”, explicó otra víctima.

En Chile, las mujeres reclutadas, casi tres por mes, eran recogidas en el aeropuerto y trasladadas a una casa donde la oferta de trabajo se convertía en pesadilla. Las hacinaban en cuartos que debían compartir para atender “clientes”, hombres que buscaban satisfacer aberraciones sexuales.

“Algunas víctimas sufren tanto al punto de querer quitarse la vida. Llegaron, en medio de su inocencia y humildad, convencidas de que serían damas de compañía, eso les dijeron, que solo debían estar cerca de los clientes en visitas a eventos, pero metidas en la casa y amenazadas, no tenían otra alternativa”, reveló una fuente de la investigación.

Las víctimas eran obligadas a grabar videos, tomarse fotografías desnudas y en posiciones sexuales, supuestamente como apoyo de un catálogo virtual que la organización ofrecía en plataformas virtuales en Chile. Esas imágenes posteriormente se convertían en el soporte de extorsiones en caso de huir de la organización.

“Y que corríamos riesgo nosotras y nuestras familias en Colombia, también que mostraría las fotos y videos por la redes sociales a nuestras familias… Lo hicieron varias veces, incluso se las enviaron a la hija de… la niña descubrió que hacía la mamá en Chile, fue muy triste”, reveló una víctima a los investigadores de la Dijín.

En Chile, las víctimas eran vigiladas las 24 horas del día en las casas donde permanecían secuestradas. No podían salir, les controlaban el tiempo que permanecían con un cliente. Debían pagar su alimentación, aseo y hasta el alojamiento, que era en las mismas camas donde eran sometidas a explotación sexual.

“Con todos los gastos de aseo y alimentación, no nos quedaba para mandar a mi familia. En la casa donde estábamos trabajando, en Osorno, vivía Paula, su esposo, su hijita de tres añitos y una hermana que se llama Yolanda, encargada de quitarnos el dinero cada vez que salía un cliente. Nos vigilaba constantemente, ella también nos revisaba los celulares a ver si estábamos enviando información”, relató una víctima.

Las mujeres llegaban a Chile, supuestamente financiadas por la organización criminal. Ese era el punto de partida de una millonaria deuda que sin saberlo crecía con los días o con los inventados “incumplimientos laborales” de las víctimas. No podían negarse a sostener relaciones sexuales, en las condiciones que exigiera el “cliente” o excusarse por enfermedad, cualquier ausencia incrementaba la deuda.

“En una oportunidad, una víctima tuvo que soportar una espantosa aberración; un hombre pidió cinco horas, pero de sexo anal. Fue obligada, estuvo un tiempo pero no aguantó y los delincuentes le cobraron una multa, le advirtieron que le saldría muy caro”, explicó una fuente del proceso.

No había límite en las exigencias de los “clientes” que llegaban en condiciones “asquerosas”, dicen las víctimas. Algunos hasta las obligaban a consumir estupefacientes, era una aberración que querían acompañar de relaciones sexuales. En esos casos la red criminal le hacía una absurda recomendación a las víctimas.

“Cuando llegaban en condiciones higiénicas deplorables, nos decían: ‘échese harto perfume y piense que va a ganar dinero y le va a mandar a su familia’, de esta forma debíamos soportar el olor y la falta de aseo de muchos clientes, no podíamos negarnos”, explicó una víctima que logró escapar.

Algunas mujeres lograron pagar la supuesta deuda, no lo hicieron con los servicios sexuales o mientras satisfacían aberraciones, fue con las propinas que le dejaban algunos clientes y que debían esconder de las cámaras de seguridad. Sin embargo, ni siquiera con la deuda saldada las dejaban ir.

“Fueron llegando más muchachas yo ya había pagado mi deuda y aún así me siguieron reteniendo, después de que Betty me dijo que cuando pagará la deuda podía salir libremente. Yo con las ganas de salir y Paula me amedrentaba psicológicamente, que la niña que se volara le iba a ir muy mal, ya que la organización era muy grande que nos podían matar”, aparece en los testimonios de las víctimas.

Casas del terror

Las casas que en apariencia eran residencias multifamiliares en Osorno, Puerto Montt y Temuco, tres ciudades chilenas, eran en realidad antros de secuestro, tortura y explotación sexual. Edificaciones viejas llenas de habitaciones sin espacios libres, atiborradas de cámaras de seguridad y con barrotes en las ventanas. Nada, ni nadie, podía escapar.

Cuando la Policía de Investigación de Chile, algo como la Dijín en Colombia, llegó a estas casas, fue necesaria la fuerza para poder ingresar. Cada espacio en la casa era vigilado por un circuito cerrado de televisión. Las habitaciones eran reducidos e improvisados cuartos donde apenas cabe una cama.

Las víctimas, algunas secuestradas durante meses, ni siquiera lograban desempacar su maleta. Debían estar encerradas en las mismas habitaciones que servían de escenario para la explotación sexual. Dormían, desayunaban, almorzaban y comían en las camas. El único espacio libre era los corredores de la casa.

En los allanamientos los investigadores encontraron documentos, sustancias alucinógenas y horas de videos que en Chile se convirtieron en la evidencia contra una red de trata de personas con fines de explotación sexual, liderada por una familia colombiana con nexos en las dos naciones.

La familia

“Tiene buenas tetas, lo que pasa es que no me gustan los tatuajes, tiene mucho tatuaje, pobrecita y esa china es berraquita”, así era el proceso de selección que hacía una familia en Manizales, para reclutar mujeres y enviarlas hasta Chile, víctimas de una red transnacional de explotación sexual.

“Que pesar, están muy flaquitas, pero de todas maneras. Muy pobres, Paula, ay Dios mío bendito, la pelinegra si vive como más o menos”, se escucha en los audios que hacen parte de una investigación de la Fiscalía y la Dijín de la Policía, que permitió la captura de una familia dedicada a la trata de personas.

La dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró conocer en detalle cómo funcionaba esta red criminal. De cómo reclutaban víctimas en Colombia y las enviaban a Chile. Les imputaron el delito de tortura. Se comprobaron los vejámenes que dejaron secuelas en las víctimas.

La red tenía roles definidos. Mientras unos en Colombia se encargaban de reclutar las víctimas, otros de conseguir los documentos migratorios y hacer las gestiones económicas, en Chile, el resto de la familia recibía, secuestraba y amenazaba a las víctimas. “Les decían que tenían amigos en Chile y que las harían capturar por las autoridades en ese país”, reveló una fuente.

La familia de criminales estaba integrada por la abuela, una mujer con antecedentes penales por el mismo delito y en la misma ruta: Colombia - Chile. La hija y los nietos cumplían las órdenes de esta “matrona” que en las audiencias parecía estar muy tranquila, hasta que escuchó al juez ordenar su reclusión en una cárcel.

Ninguno aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía, a pesar de la evidencia, del material de prueba, de los videos y escuchar en los audios que recaudaron los investigadores. Aun así, el juez consideró que es necesaria una medida de aseguramiento en centro carcelario, que estén en la cárcel pues son un peligro para las víctimas, en los audios que obtuvo la Fiscalía quedó plasmada una amenaza.

Los capturados fueron:

• Beatriz Elena Marín González, alias Betty, presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos.
• Martha Yolanda Marín González, quien sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumía la administración de los inmuebles en los que permanecían las víctimas. Fue imputada por los delitos de tortura, trata de personas y lavado de activos.
• María Lucena González Ríos, madre de las presuntas cabecillas, señalada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’ para ubicar más víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
• Cristian Javier Marín González, hijo de ‘Betty’ y posible encargado de la selección y traslado de las mujeres; y de recibir giros de Chile. Fue imputado por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
• Jorge Eliécer García Pineda, esposo de Martha Yolanda Marín. Estaría involucrado en la recepción de dinero de Chile y de darle apariencia de legalidad. Fue imputado por el delito de lavado de activos.
• William Javier Aguirre Pinilla y Cindy Lorena Cepeda Salinas. Esta pareja de esposos, conocida como ‘Los Rolos’, sería la responsable de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes. La Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Adicionalmente, al hombre le fue formulado el cargo de lavado de activos.