Cuidado: esta es la forma como podrían robarle su licencia de maternidad. Las autoridades denuncian un cartel

Desde hace más de 20 años, clanes familiares están desangrando el sistema de salud por cuenta del cartel de las embarazadas. SEMANA conoció que está en marcha la segunda fase con la que las autoridades pretenden desmantelar organizaciones criminales que llevan recolectando millones de pesos a costillas del vientre de mujeres ingenuas y vulnerables por las que cobran jugosas licencias de maternidad.

Información de inteligencia apunta a que la lupa está puesta ahora en funcionarios de las EPS que han facilitado el fraude, haciendo puente entre timadores y el área administrativa de las entidades prestadoras de salud, que han desembolsado millonarias sumas a empresas de papel.

La investigación demuestra cómo las mafias dejaron más de 428 víctimas a nivel nacional, cobros de más de 626 licencias de maternidad de manera irregular con ganancias delictivas superiores a los 7.000 millones de pesos. Esta pesquisa se inició en uno de los departamentos más remotos de Colombia, Vichada. Esa región tiene 101.000 kilómetros cuadrados y la convierte en el segundo departamento más extenso, pero el segundo menos densamente poblado del país.

Allí arrancó el desmantelamiento de la organización, que tenía tentáculos en Puerto Carreño, Primavera, Santa Rosalía (Vichada); Villavicencio, Granada, Castilla La Nueva, Acacías, Cumaral, Puerto Gaitán, Puerto López (Meta); Soacha, Bogotá (Cundinamarca); Yopal, Villanueva (Casanare); Pitalito, Neiva (Huila) y Chiquinquirá (Boyacá).

A las Fiscalías de diferentes zonas del país llegaron denuncias independientes de mujeres que se sentían engañadas o de EPS que manifestaron ser víctimas de cobros extraños, pues una sola compañía presentaba licencias cada mes de varias mujeres embarazadas, algo que no es común en la práctica. Los casos no avanzaban o cuando llegaban a los jueces argumentaban que las empresas estaban en todo el derecho de hacer el cobro porque habían pagado la afiliación de las pacientes (mujeres que daban a luz). Pero los investigadores de la Sijín de la Policía descubrieron el cabo suelto que dejó la organización.

Una funcionaria de la Gobernación de Vichada, que trabajaba bajo la modalidad de prestación de servicios, pagaba mes tras mes su seguridad social con el porcentaje correspondiente a su salario de 1.500.000 pesos. Con su bebé en brazos, fue a cobrar la licencia y en la Nueva EPS le respondieron que su empleador ya la había cobrado.

Ella no entendía esa justificación, pues cotizaba como independiente. Le respondieron que su empleador estaba en Bogotá, una ciudad en la que ella jamás había vivido. Por más recursos que interpuso, no logró que le desembolsaran el dinero.

En ese momento recordó que un conocido de Puerto Carreño se le acercó cuando ella tenía cuatro meses de embarazo y le dijo que había una ONG en Bogotá que apoyaba a las madres cuando dieran a luz. Le podían ayudar económicamente con 200.000 pesos o con el equivalente de ese dinero en pañales y leche. Si estaba interesada, lo único que tenía que hacer era pasarle el acta de nacimiento del menor, fotocopia del registro civil y de su cédula. Cinco meses después apareció el hombre a reclamar esa documentación y solo eso bastó para generar el engaño. Al parecer, él también desconocía las malas intenciones de la supuesta ONG.

El error radicó en que las dos cotizaciones a salud estaban hechas con la misma EPS, y la gestante que presentaron era cotizante, pues el plan maestro era que ese tipo de falsas ayudas se las ofrecían a mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad, campesinas o indígenas y poco letradas. A una sola mamá la afiliaban a partir del cuarto mes de embarazo a una empresa como si trabajara en oficios varios, ganando un salario mínimo. En el mes octavo de gestación, las ascendían a cargos directivos con salarios superiores a los 10 millones de pesos. Así cobraban licencias costosas. Pero al cabecilla de la organización no le bastaba con engañar a una EPS. Una sola mujer estaba afiliada a varias entidades y así podía cobrar varias licencias a la vez. El truco era no afiliarse en la misma, como pasó en el caso de la funcionaria de la Gobernación de Vichada.

Los investigadores identificaron que los delincuentes se movían como pez en el agua entre lo que han llamado puntos grises en las políticas de salud, laborales y comerciales: 1. Las personas se pueden afiliar sin estar presentes, pues la supuesta empresa contratante solo pasa papeles y lo más importante es que pague la planilla, la cual diligencia la mayoría de veces un tercero.

2. Las Cámaras de Comercio son muy permisivas a la hora de afiliar compañías, pues no verifican información, lo que permite que una sola persona abra muchas empresas de papel con los mismos representantes legales.

3. Para cobrar una licencia de maternidad solo piden fotocopias de tres documentos, cédula, certificado de nacimiento y registro civil del pequeño.

4. Las EPS nunca verifican con la madre que el dinero realmente llegue a sus bolsillos, pues el desembolso es directamente a la empresa.

5. Una sola madre se puede afiliar a varias EPS a la vez y en todas tiene el derecho a que le paguen sus días, pero no se verifican antecedentes, como fechas de afiliación y condiciones de contratación.

En la pesquisa que viene liderando el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante del departamento de Policía del Vichada, y la Fiscalía, el oficial y el ente acusador designaron investigadores para que se dedicaran únicamente a ese caso y, con pocos recursos, consiguieron información que encajó perfectamente para dejarlos al descubierto.

Lo primero que identificaron es que una sola familia en Villavicencio se dedica al negocio ilegal. El cabecilla era el padre de familia, que tenía a su nombre al menos seis empresas de papel, sus hijos, su esposa, y la expareja de ella también tenían empresas que se dedicaban a lo mismo. Al revisar los extractos bancarios se reveló que solo una empresa sacaba anualmente alrededor de 2.000 millones de pesos a las EPS. A pesar de todo el dinero que entraba, no tenían propiedades significativas a su nombre y el dinero no permanecía más de 48 horas en las cuentas.

SEMANA conoció que solo de 2019 a 2021 la afectación económica de las EPS por este caso supera los 5.439.037.007 pesos. Esta sume incluye a Sanitas, Medimás, Capital Salud, Comparta, Comfamiliar, Compensar y Cajacopi. Salud Total y Suramericana también se reportan como víctimas, pero el valor de la afectación no ha sido especificado. Lo que sí se sabe es que, en cada una de las EPS, el desangre continúa.

La primera fase de la investigación se desarrolló en diez meses y como resultado capturaron a seis personas, que enfrentan procesos penales por enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir con fines de estafa agravada y falsedad en documento privado.

En esta segunda fase, que está en marcha, las autoridades ya tienen cómo identificar la complicidad de funcionarios de las EPS en otras estructuras criminales que se dedican al mismo tipo de engaño. La mayoría de las mujeres que supuestamente contrataron luego de dar a luz fueron desafiliadas dos meses después. El mes siguiente al parto les bajaron el sueldo de 10 millones de pesos al salario mínimo.

Se estima que en este momento hay cientos de mujeres que, sin saberlo, están cobrando millonarias licencias. Por eso, la recomendación para evitar suplantaciones es no suministrar fotocopias de los documentos de identidad privados tanto de ella como de sus hijos a fin de evitar caer en un santo pecado que beneficia a los corruptos.