Así se lucha contra la minería ilegal en Antioquia

Según la Contraloría General de la República, el 80 por ciento de la explotación minera en Colombia es ilegal. Esta situación genera graves problemas: arrasa bosques, contamina ríos y es una de las fuentes de financiación de grupos armados ilegales. Pocos son los departamentos que se escapan de esta práctica, que representa una amenaza crítica en más de 100 municipios del país.

El caso más apremiante es el de Antioquia por ser éste un territorio con una economía fuertemente orientada a la minería. Las cifras lo demuestran: el departamento concentra el 76 por ciento de la explotación de oro de aluvión y representa el 13 por ciento del PIB minero del país. Además, 53 de sus 125 municipios son atacados por la minería ilegal. Y, según el Viceministerio de Minas, varios pueblos como Frontino, Buriticá, Segovia, El Bagre, Remedios, Tarazá, Cáceres y Zaragoza son las zonas con mayor liberación de mercurio como resultado de los procesos mineros. De hecho, en este último municipio hay 6.186 hectáreas impactadas por minería ilegal de oro, que corresponden al 7 por ciento de las áreas afectadas a nivel nacional.

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Con base en esta situación, se han desarrollado varias estrategias para atacar este flagelo en la región. Por ejemplo, en 2017 los indígenas embera eyabida (katío) que se dedican a la minería en el municipio de Frontino crearon la Asociación de Mineros Indígenas de Occidente (Asomino). Esta organización agremia a 1.400 barequeros y es una herramienta para comercializar oro sin intermediarios. Incluso, les ha permitido a los socios exportar el metal precioso a Estados Unidos.

En 2019 el Proyecto Global de Mercurio y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial capacitaron a 188.000 personas del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño en tecnologías mineras limpias como el molino chileno y la cianuración en cocos, que no requieren uso de mercurio.

Así mismo, en el departamento se está llevando a cabo un proceso de formalización de títulos mineros a través de diversas figuras jurídicas como los títulos mineros o contratos de concesión, Áreas de Reserva Especial Minera y los contratos de cooperación, entre otras. De esta forma, se han logrado resultados como el establecimiento de 2.500 contratos de operación y asociación para pequeños mineros y la formalización de 1.000 mineros a través de subcontratos de formalización.

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Sin embargo, el proceso de formalización aún puede resultar engorroso debido a que el 70 por ciento de los contratos de formación que se solicitan en el del país se hacen en la zona antioqueña. Tanto es así que la Secretaría de Minas del departamento recibe más de 12.000 documentos semanales que generan gran cantidad de trabajo manual y dificultan la estandarización en la titulación.

Entonces, dicha secretaría se asoció con el Ministerio de Minas y Energía para diseñar el Sistema Integral de Gestión Minera de Antioquia (Sigma). Esta es una herramienta tecnológica que simplificará y acelerará los trámites de formalización, permitirá consultarlos y monitorearlos a distancia y dará la posibilidad de acceder a información pública en cualquier momento,

El funcionamiento será sencillo: cada titular minero recibirá una clave y contraseña con la que podrá acceder a los servicios del Sigma de forma remota.También, podrá consultar expedientes, hacer pagos y recibir notificaciones de trámites pendientes, a punto de vencer y vencidos.

Esta herramienta será de gran ayuda para los mineros, pues, en muchos casos, evitará su desplazamiento desde zonas apartadas hasta Medellín para realizar diligencias sencilla. Además, ayudará a prevenir el fraude en los procesos de titulación porque el portal web estará alineado con la información de entidades como la Agencia Nacional de Minería, la Dian, La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. 

Finalmente, Sigma será la primera apuesta del departamento a la aplicación del internet de las cosas a la minería, que es una de las recomendaciones del Foro Económico Mundial para transformar esta industria en el mundo. Este tipo de tecnologías, además de hacer cada vez más eficientes los procesos, fomentará la colaboración entre las empresas, las comunidades y los gobernantes. También garantizará a los usuarios el derecho a la información.