Así se movía la red que sobornaba a funcionarios y grupos armados en Antioquia: extraían oro y movían 373.000 millones de pesos

En el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño delinquía una red dedicada a la extracción ilegal de oro, que además pagaba a funcionarios y grupos armados para facilitar sus actividades. Solo en vienes vinculados a la organización, según la Fiscalía, se calcula un valor superior a 373.000 millones de pesos.

Cinco de los presuntos articuladores de esta estructura fueron capturados y judicializados. Entre ellos está María Consuelo Jiménez Salazar, señalada como encargada de administrar el dinero producto de la actividad ilícita y coordinar la obtención y venta de oro.

También fueron presentados ante un juez Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, identificados como presuntos administradores de varios frentes de explotación ilegal.

Jhon Wilmar Cabrera Gonzáles tendría a su cargo el transporte de repuestos y la contratación de mecanismos para reparar la maquinaria utilizada en los entables mineros.

Por su parte, Bernardo de Jesús Orrego habría prestado un título minero para intentar legalizar tres lingotes de oro incautados, acción que, según las investigaciones, buscaba evitar la captura de uno de los integrantes de la organización.

Los elementos probatorios recogen que el grupo habría pagado a servidores públicos para que alertaran sobre operativos en la zona y entregado dinero a estructuras criminales con presencia en el departamento para facilitar la extracción, transporte y comercialización de oro.

Cuatro de los procesados aceptaron cargos ante el juez y deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia. Entre los delitos que se les imputan están concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y fraude procesal.

Las verificaciones en campo y sobrevuelos realizados en sectores como Tinitasita y Naranjal permitieron constatar que se utilizaba maquinaria pesada en áreas sin títulos mineros vigentes. Además, el título minero presente en la zona carece de licencia ambiental, lo que evidenciaría la irregularidad de la actividad en esa región.

En el caso de Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, la imputación incluye el delito de concierto para delinquir agravado, según el artículo 340 del Código Penal, por presunta participación en la explotación ilícita de yacimiento minero.

La investigación también mostró que la red habría delinquido con relaciones o convivencia de grupos armados y autoridades de diverso nivel, incluyendo miembros de la fuerza pública y funcionarios administrativos, lo que habría permitido la continuidad de sus operaciones en la región.

La Fiscalía anunció que continuará con la recolección de pruebas y la verificación de los bienes vinculados a la red, incluyendo propiedades, maquinaria y títulos mineros asociados a la actividad ilegal.

Los investigadores también revisarán posibles vínculos financieros de la organización con terceros y evaluarán si existen responsables adicionales en la cadena de comercialización del oro, como parte del seguimiento del caso.