Capturan al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por corrupción

Ayer en horas de la noche fue capturado en la ciudad de Cali el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, por corrupción. El exmandatario departamental ya había sido declarado culpable en este proceso, pero estaba pendiente la lectura del monto de la pena para enviarlo a prisión, diligencia que se va a realizar hoy a las 4:00 p. m. en la Corte Suprema de Justicia.

El caso por el que fue condenado Abadía tiene que ver con un contrato firmado en enero de 2010 para la dotación de 40 bibliotecas que suscribió cuando era gobernador con la Fundación Calimio, por 1.067 millones de pesos. Esta entidad, según la investigación, no tenía la experiencia ni ejecutó el contrato, pero lo más grave fue el detrimento patrimonial, pues la inversión que realizaron fue solo de 182 millones de pesos, por lo que al parecer se perdieron 890 millones de pesos.

Fuentes cercanas al alto tribunal indicaron que Abadía se enfrenta a una condena de 21 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos. Por estos hechos también fue investigado el entonces secretario de Educación del departamento, Eiber Navarro.

En la audiencia que se llevó a cabo el pasado lunes 20 de noviembre, se hizo la lectura del fallo condenatorio y en una próxima diligencia se conocerá el monto de la pena en prisión que deberá cumplir el exmandatario. La Corte determinó que, mientras eso sucede, Abadía podrá continuar en libertad.

Pese a que fue ordenada la captura, aún está pendiente la diligencia de lectura de fallo hoy, 7 de febrero, en la que no solo se definirá el monto de la pena; según pudo establecer SEMANA, su abogado, Alejandro Felipe Sánchez, ya presentó una solicitud de detención domiciliaria, que será resuelta hoy mismo y se sabrá si va a una prisión lo envían a la casa.

“Juan Carlos Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, advirtió la Corte Suprema.

Abadía también enfrenta un juicio en la actualidad por el llamado Cartel de la Toga. El exgobernador, según señalaron varios testigos, entregó 400 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para que el proceso que se adelantaba en su contra fuera archivado.

El exgobernador, al parecer, recurrió en 2014 inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.

Con este pago, el exmandatario departamental buscaba que no se formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento en una de estas, en la que se acordó con un fiscal delegado ante la Corte que se dilataría el avance de la actuación y, a cambio, se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo.

Abadía fue representado por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien actualmente enfrenta un proceso por recibir varios sobornos para alterar, retrasar y archivar procesos que se encontraban en la Corte Suprema gracias a su influencia y poder.

La Fiscalía acusó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. El exmandatario departamental se declaró inocente.