Condenan a diez años de prisión a dos policías por las chuzadas a Marelbys Meza. Confesaron que la orden venía de Casa de Nariño

El intendente de la Policía Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales se convirtieron este miércoles en los primeros condenados por las chuzadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes para enero de 2023 laboraban en la vivienda de la entonces jefa del Gabiente de la Presidencia, Laura Sarabia.

Los policías, adscritos a la Sijín de la Policía, reconocieron su participación directa en estos hechos mediante un preacuerdo. En la negociación le ofrecieron excusas públicas a Meza y Perea por introducir sus abonados celulares en medio de las investigaciones que se adelantaban contra alias Siopas, uno de los jefes del Clan del Golfo.

En la audiencia celebrada este miércoles, la jueza 53 de conocimiento de Bogotá anunció la sentencia contra el intendente y la patrullera que reconocieron mediante un preacuerdo su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

En el caso de la patrullera Canizales se fijó una sentencia de 112.2 meses de prisión (es decir, nueve años y tres meses), una multa de 354.15 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 77.3 meses.

Mientras que el intendente Quinchanegua fue sentenciado a 120.74 meses de prisión (diez años), así como una multa de 354.15 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 72.18 meses.

“Imponer a Dana Canizales Bonilla y Alfonso Quinchanegua la pena accesoria de pérdida del empleo o cargo público (…) Negar a Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua la suspensión condicional de la ejecución de la pena y concederles el subrogado de la prisión domiciliaria para lo cual deberán suscribir diligencia de compromiso en la que se les impondrán las obligaciones”, señaló la jueza.

En la audiencia celebrada el pasado 11 de septiembre, los dos policías ofrecieron excusas públicas a las víctimas. “Como humanos cometemos errores y no somos perfectos y pues en mi caso no fue la excepción. En mi condición al momento de los hechos como patrullera de la Policía Nacional, perteneciente a la Sijín de Bogotá con una antigüedad en la Institución de dos años”, manifestó la patrullera Canizales quien, en medio de este escándalo, renunció a la Institución.

“Por falta de experiencia, por creer, confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas: a la señora Marelbys Meza, Lucía Robles, Fabiola Perea, al señor Johnson Pineda; a los fiscales, la doctora Marvel Morales y el doctor Óscar Zapata y a sus familias”, aseveró.

Por su parte, el intendente Quinchanegua, quien se encuentra actualmente en una guarnición militar, manifestó su más profundo arrepentimiento por lo ocurrido.

“Quiero presentar excusas públicas a todas las partes afectadas, a los ciudadanos que de una u otra forma afectamos tanto moral como psicológicamente. Estoy arrepentido de todo lo que se quiso hacer en este proceso”, manifestó. “Prometo no volver a hacerlo. Igualmente, pedirles mil disculpas a todos los intervinientes que pudimos afectar en este proceso” manifestó el condenado.

Para la Fiscalía General, estos agentes planearon y pusieron en marcha un plan para falsificar informes de inteligencia y así lograr que los abonados telefónicos de Meza y Perea, así como de personas cercanas, fueran anexados a una investigación que se adelantaba contra alias Siopas, uno de los comandantes del Clan del Golfo que delinque en el sur del país.

Las evidencias dan cuenta de que el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla —al parecer— con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta. Todo esto como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la señora Sarabia Torres.

En la acusación se señala que los agentes adscritos a la Sijín habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes, y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.