Atención | Contraloría le pone el “ojo” a la Universidad Militar Nueva Granada. Se ordenó una auditoría

Siguen los enredados en la Universidad Militar Nueva Granada y de su rector, el general en retiro Luis Fernando Puentes. A las denuncias sobre presuntas irregularidades en la firma de millonarios contratos, a las investigaciones en la Procuraduría y la Fiscalía se suma una auditoría que ordenó la Contraloría.

En un documento que conoció SEMANA advierte la diligencia que ordenó el ente de control fiscal para establecer, de forma particular, las inversiones y gastos de la Universidad para la vigencia 2022, justamente en el escenario que quedó consignado en las denuncias de los sindicatos de la institución.

“Realizar Auditoría Financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal que se adelantó en la vigencia 2022 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno nacional a la entidad”, señala el documento con el que notifican de la diligencia al rector de la Universidad.

En el mismo documento, la Contraloría le deja por escrito al rector de la Universidad cuáles son los objetivos de la diligencia y la necesidad que exige hacer la auditoría en el propósito de dar claridad a las denuncias que también aterrizaron en el órgano de control fiscal.

Son nueve los puntos que pretende identificar la Contraloría en la diligencia que realizará a la Universidad, en primer lugar, “evaluar los estados financieros y expresar una opinión, sobre si estos, a 31 de diciembre de 2022, fueron preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable”.

La Contraloría también espera “evaluar y verificar la información presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2022″, esto con el fin de confirmar si los datos “reflejan la realidad de los hechos económicos ocurridos y emitir la opinión correspondiente”. Para el ente de control es prioritario determinar el manejo financiero en la “implementación y ejecución de la política pública de las personas con discapacidad y/o para educación inclusiva”.

La auditoría de la Contraloría tendrá una duración de casi cinco meses y durante ese tiempo, advierten desde el ente de control, la Universidad debe comprometerse, dar fe y entregar toda la documentación necesaria que ayude a determinar si hubo o no irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

“Para el cumplimiento de los objetivos y los términos de referencia establecidos en nuestra programación, solicitamos la oportuna colaboración del personal de la Universidad, mediante el fluido suministro de la información que soliciten los auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo asignado”, señaló la Contraloría.

En el mismo documento, la Contraloría le advierte al rector de la Universidad Militar que, de no cumplir o no colaborar con las actuaciones del ente de control, se verían sometidos a algunas situaciones que se enmarcan en los protocolos y en las normas fijadas por la misma ley en este tipo de diligencias.

“Es preciso indicar que, de no darse la facilidad necesaria, obstruir de algún modo la práctica de la auditoría, o no proporcionar en forma completa, integra y oportuna la documentación, informes y demás datos requeridos por el equipo auditor, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y al 104 de la Ley 42 de 1993″, señaló el ente de control.

La Procuraduría también adelanta investigaciones por las presuntas irregularidades en la firma de millonarios contratos en la Universidad y que tienen enredados no solo el rector, sino a otros 10 funcionarios de la institución académica.