¿Bogotá, a punto de enfrentar una crisis de basuras? Esta es la alerta que se enciende desde el Concejo y que pondría en jaque a la capital del país

Es constante ver las redes sociales llenas de fotos en las que quedan registradas montañas de basura y denuncias ciudadanas de lo que, al parecer, sería un mal servicio de aseo el que está presentando la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Sin embargo, entender cómo funciona este complejo esquema va más allá de lo que se puede percibir a simple vista.

No obstante, a pesar de la complejidad que representa recolectar los desechos ordinarios y extraordinarios de cada rincón de la ciudad, para el Concejo de Bogotá las explicaciones dadas hasta ahora por la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, frente a las quejas ciudadanas no han sido suficientes ni del todo convincentes.

A eso hay que sumarle que durante la última semana los concejales Daniel Briceño, Óscar Ramírez Vahos y Leandro Castellanos emitieron una alerta por el riesgo que corre la capital ante una presunta discontinuidad de la prestación del servicio de recolección a partir del 11 de febrero de 2026, cuando se vencen los contratos con los operadores de las áreas de servicio exclusivo.

A fin de asegurar la prestación del servicio de recolección de basuras, la Uaesp debe abrir un proceso de licitación pública para determinar cuáles operadores se quedarán con los nuevos contratos; sin embargo, la apertura de ese proceso depende de una autorización que solo puede emitir la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

¿Cuál es el problema? El 30 de septiembre de 2024, la Uaesp radicó ante la CRA el documento que presenta el nuevo esquema de aseo de Bogotá. Ahí se encuentra la exposición de motivos que el Distrito le hace a la Comisión para que le permita seguir con el esquema de recolección por áreas de servicio exclusivo; incluso, plantea la necesidad de pasar de cinco a seis.

La preocupación del Concejo radica en que, entre la aprobación del plan por parte de la CRA y la apertura y finalización del proceso de licitación para adjudicar esas áreas de servicio exclusivo, habrá un periodo en el que la ciudad “se quedará sin servicio de recolección de basura por falta de operadores”, ya que los tiempos entre un proceso y otro superan la fecha límite de los contratos.

SEMANA se comunicó con Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, quien explicó que “de ninguna manera la ciudad se quedará sin el servicio de recolección de basuras”. Dijo que cuenta con planes B y C en caso de que la CRA no apruebe seguir con las áreas de servicio exclusivo.

La opción B, según Ordóñez, es abrir una licitación pública en junio o julio (fecha máxima para que la CRA emita su determinación) para la recolección de residuos mixtos, esos desechos como muebles, escombros y demás materiales pesados que no caben en el camión recolector y no están incluidos en la tarifa que pagan los usuarios.

De acuerdo con la directora, tales desechos estarían ocasionando la preocupación en el Concejo. De estos se podría desprender la llamada “crisis de las basuras”, dado que corresponde al arrojo ilegal de basuras especiales de los usuarios, que no está controlado, y, en caso de no ser aprobado el plan por la CRA, sí podría quedar desatendido, pues el Distrito no cuenta con los recursos para suplirlo.

Respecto a la recolección de residuos ordinarios en el escenario de que la Comisión emitiera un concepto negativo, Ordóñez explicó que las áreas de servicio exclusivo pasarían a ser zonas de libre competencia en las que tanto los operadores actuales como otras empresas pueden venir directamente a ofrecer los servicios de recolección de basuras a los usuarios.

Justamente, en este último punto es en el que los concejales han puesto su preocupación, pues, al ser zonas de libre competencia, ningún operador estará obligado a prestar el servicio en los sectores más apartados, de difícil acceso y con condiciones de pobreza. Podrían quedar desatendidas cerca de 300.000 personas.

En la Uaesp señalan que, a pesar de que no existiría la obligación de ser auditadas, las empresas sí deberían seguir los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs) para poder operar, pero que, seguramente, ese documento “deberá ser revisado y actualizado” para asegurar que la prestación del servicio se alinee con las necesidades del Distrito.

“Les pido que confíen en que nosotros tenemos controlados los riesgos, y que permitan a la administración que trabaje técnicamente y que pueda tener reserva de la información para que no se afecten las licitaciones públicas”, puntualizó Ordóñez.