Canciller suspendido Álvaro Leyva se enfrenta desde hoy a juicio disciplinario en la Procuraduría por escándalo en licitación de pasaportes

Fuertes tensiones ha generado en el gobierno de Gustavo Petro la confirmación, por parte de la Procuraduría General de la Nación, de la suspensión por tres meses en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien finalmente acató la decisión a regañadientes. Este jueves, 15 de febrero, inicia el juicio disciplinario contra el canciller por las presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso de licitación de pasaportes.

El procurador a cargo del caso le leerá a Leyva el pliego de cargos, pese a los ataques del presidente Petro, quien afirmó que ese tipo de destituciones son un mecanismo para no dejarlos gobernar.

Entre los cargos a los que se enfrenta el canciller están dos supuestas faltas cometidas en la licitación de pasaportes.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que entre los hechos objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.

Frente a esta situación, se solicitaron pruebas con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos enunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Leyva deberá responder varios interrogantes: ¿por qué tumbó de un plumazo la licitación que había ganado, de acuerdo con las normas, la firma Thomas Greg & Sons? ¿Por qué declaró la urgencia manifiesta para entregar a gusto el contrato de entrega de pasaportes? ¿Por qué no acató ni escuchó las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y del Comité de Contratación de la Cancillería para conciliar con Thomas Greg & Sons y así evitar demandas contra el Estado con alta probabilidad de perder?

El organismo de control disciplinario sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala, así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa.

Los movimientos de Petro y Leyva

La situación ha generado todo tipo de polémicas. Según Petro, la Procuraduría no lo quiere dejar gobernar, y muestra cómo ciertos sectores quieren darle un golpe de Estado.

Si bien Álvaro Leyva fue suspendido del cargo de canciller desde el 24 de enero, alcanzó a firmar 14 decretos publicados por el Gobierno desde que el Ministerio Público lo apartó del cargo por las irregularidades en la licitación del contrato de pasaportes.

Han pasado 15 días calendario desde esa fecha en la que fue suspendido, decisión que fue ratificada en dos ocasiones mediante comunicaciones de la procuradora Margarita Cabello. Sin embargo, Leyva siguió apareciendo como firmante de las decisiones proferidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Leyva sacó as bajo la manga y presentó una tutela en contra de la Procuraduría

En una tutela de 60 páginas, la defensa del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán busca que se anule el fallo por medio del cual fue retirado por tres meses de su cargo, mientras se adelanta el juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes.

Según la defensa de Leyva, encabezada por el abogado Yefferson Dueñas, en el trámite que llevó a la suspensión del cargo se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.

“Ese tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos”, señala la tutela.

En este sentido se asegura que la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, quien ratificó el pasado martes 7 de febrero la suspensión, incurrió en constantes prejuzgamientos en los medios de comunicación y debates académicos. Por esto, se pide dejar sin efectos la suspensión y que Leyva vuelva al cargo y afronte así el proceso disciplinario.