Cancillería y Thomas Greg le piden al Tribunal ampliar la suspensión del estudio de la millonaria demanda. ¿Cuáles son los argumentos?

Inesperadamente, este miércoles fue radicado un documento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se pide ampliar los términos de la suspensión del estudio de la demanda presentada por la multinacional Thomas Greg and Sons en contra de la Nación.

El documento, firmado por la Cancillería y los abogados de Thomas Greg piden que se prorrogue hasta el martes 4 de febrero la suspensión del estudio de la demanda que pide una indemnización de 117 mil millones de pesos por la decisión de la Cancillería de declarar desierta el proceso licitatorio del contrato de pasaportes y visas.

“Obrando como apoderados del Fondo Rotatorio del ministerio de Relaciones Exteriores y de la Unión Temporal Pasaportes 2023 (...) conforme a los poderes obrantes en el expediente, en atención a lo dispuesto en el artículo 161 numeral 2 del CGP, solicitamos de común acuerdo la suspensión del proceso de la referencia desde el próximo 23 de enero de 2025 hasta el 4 de febrero de 2025″, señalaron.

En las próximas horas, la magistrada ponente, Bertha Lucy Ceballos deberá decidir si acepta la petición o si, como está programado, reactiva este 23 de enero el estudio de la demanda para emitir una sentencia anticipada.

En la millonaria demanda, los apoderados de Thomas Greg pidieron una indemnización de 117 mil millones de pesos por los daños y perjuicios causados por la decisión del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de declarar desierto el proceso licitatorio para la adjudicación del contrato para la emisión de visas y pasaportes.

Por esta decisión, la Procuraduría inhabilitó en noviembre de 2024 por diez años para ejecer cargos públicos al excanciller Álvaro Leyva Durán.

En el fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria indicó que el exministro incurrió en una irregularidad al declarar desierta el proceso licitatorio para la entrega del contrato que tenía un valor cercano a los 600 mil millones de pesos.

En medio de la indagación preliminar, la Procuraduría General suspendió de su cargo por tres meses a Leyva para que no interfiriera. Después lo suspendió por otros tres meses, tiempo en el cual fue designado como titular de la Cancillería Luis Gilberto Murillo.

La defensa del excanciller Leyva radicó un recurso de apelación que deberá resolver el procurador General, Gregorio Eljach.

El exministro calificó esta decisión como un “acto político” que buscaba afectar a las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.