La captura de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco representa uno de los capítulos más importantes del escándalo y la investigación por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Como pocas veces ha ocurrido, la Justicia llegó hasta la cúpula del Gobierno, esta vez del presidente Gustavo Petro. En la trascendental y drástica decisión emitida el pasado 18 de diciembre, Aura Alexandra Rosero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, concluyó que los exministros eran merecedores de la medida de aseguramiento más extrema establecida en el Código Penal: la cárcel. Esto pese a que la Fiscalía había pedido la detención domiciliaria.
Los argumentos de la magistrada, que dejaron de una sola pieza a los exministros de Interior y Hacienda, resaltaron la gravedad de los hechos registrados entre mayo de 2023 y febrero de 2024, y la constitución de “una empresa criminal” para la compra de la conciencia de congresistas con el fin de que dieran su voto a las reformas y a multimillonarios empréstitos de la nación ante la banca internacional.
“Se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron, a través de un tercero, un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías con el propósito de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, valiéndose de recursos del erario”, afirmó la magistrada.
Un arsenal de pruebas documentales, testimoniales y técnicas, que en su momento fueron reveladas en exclusiva por SEMANA, ponen en el mismo espacio, tiempo y lugar a Bonilla y Velasco en antesalas a discusiones clave que se iban a llevar a cabo tanto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público como en las comisiones Primera, Séptima y Cuarta, donde cursaban proyectos de especial interés del Gobierno.
Según la decisión que los llevó a la cárcel, Bonilla, como ordenador del gasto, tenía la última palabra cuando se hablaba de garantizar el presupuesto y desembolsar los cupos indicativos (contratos) que exigían los congresistas. Velasco, como jefe de la cartera política, era el encargado de convencer a los congresistas de dar su voto favorable, también con contratos de la UNGRD.
Para la magistrada, el “acuerdo de voluntades entre los dos ministros se hizo a plena luz del día, en espacios públicos y con un reducido número de testigos”. “En este tipo de criminalidad confluyen prácticas de corrupción que se gestan y ejecutan en los más altos niveles de la administración pública, los cuales, por su naturaleza sofisticada y su impacto estructural, resultan particularmente lesivos para los intereses colectivos”, narró la magistrada al tomar la decisión.
El famoso cónclave
Pese a las críticas de los apoderados de los exministros Bonilla y Velasco, que no dudaron en calificar como “poco creíbles las declaraciones tanto de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides”, para la magistrada estos testimonios estaban soportados con otras pruebas documentales y técnicas que daban la certeza.
De esta manera, se llegó a la conclusión de que el “cónclave”, como lo bautizó Olmedo López en una entrevista con SEMANA en mayo de 2024 mientras estaba en la clandestinidad, sí existió y no se trataba de ninguna fábula o la narración desesperada de un funcionario que buscaba finiquitar una negociación con la Fiscalía.
En ese encuentro, llevado a cabo en la tarde del 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, minutos antes de un consejo de ministros, estaban el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia y registrado recientemente bailando en una parranda vallenata en Nicaragua; la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz; el exdirector de la UNGRD Olmedo López y los ministros Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Gloria Inés Ramírez y Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Tuvo como propósito definir de manera concertada las estrategias para asegurar apoyos parlamentarios mediante el direccionamiento de contratación pública. En este escenario se habría exteriorizado que, para garantizar ‘la gobernabilidad’, los senadores exigían 85.000 millones de pesos en contratos direccionados”, advirtió la togada.
Los tres principales testigos en esta investigación, Olmedo López; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, detallaron cómo el mismo Bonilla y Velasco no titubearon al ordenar el envío de los cupos indicativos y proyectos para los congresistas que votarían en línea con el Gobierno. “El ministro Ricardo daba el visto bueno a los proyectos a priorizar conforme con los compromisos ilegales con los parlamentarios.
Con esta información se actualizaba la tabla de cupos indicativos”, citó la magistrada al hacer referencia a la imputación de la Fiscalía que mencionó la existencia de una tabla de Excel en la que se llevaba el registro de la compra de votos calificada con el eufemismo de “cupos indicativos”. En la tabla se encontraban los siguientes datos: “Número, departamento, municipio, vía, convenio nuevo o adición, valor proyecto, convenio de interventoría, valor del convenio estado y el congresista favorecido”.
Los contratos no se movían sin orden expresa del ministro de Hacienda o la intervención del ministro del Interior, así lo confirmó Benavides tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema.
“El manejo del presupuesto en la UNGRD no seguía un procedimiento regular, sino que estaba completamente controlado por el ministro de Hacienda. Sin la firma del ministro no se podían expedir los certificados de disponibilidad presupuestal ni realizar contrataciones”, indicó la Fiscalía, en una afirmación que fue clave para que se ordenara el encarcelamiento de Bonilla y Velasco.
Tela por cortar
El escándalo de corrupción pareciera no tener un final cercano. Así lo dejó en evidencia la magistrada al señalar que muchos de los mencionados por la Fiscalía, durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, como principales beneficiarios del reparto de contratos camuflados en cupos indicativos, aún no han sido vinculados al proceso.
“No se han logrado identificar en su totalidad los integrantes de la empresa criminal y establecer de manera definitiva el alcance de sus conexiones, lo que impide concluir que el riesgo institucional advertido se encuentre neutralizado o superado”, concluyó.
En esta lista se encuentran los congresistas que están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia, así como otro grupo de funcionarios, entre los que se destacan los asesores del ministro Velasco, quienes fueron mencionados constantemente por Benavides durante la declaración que reveló en exclusiva SEMANA. Uno de ellos es Jaime Ramírez Cobo, amigo personal de Laura Sarabia, quien incluso fue su padrino de bodas.
En la noche del pasado jueves, en plena sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá, agentes del CTI capturaron al exministro Ricardo Bonilla, quien fue trasladado al búnker de la Fiscalía. El exministro Velasco se entregó ante las autoridades en Cali y en los próximos días el Inpec deberá definir su lugar de reclusión. Una imagen que quedará en la memoria de los colombianos.
