Carlos Ramón González es un “peligro para la sociedad”: Fiscalía concreta solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre

Para la Fiscalía General existe evidencia suficiente que permite inferir que Carlos Ramón González Merchán, el extodopoderoso director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), representa un peligro para la sociedad y puede afectar el desarrollo de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Señoría, los elementos materiales suasorios nos habilitan a inferir razonablemente que Carlos Ramón González Merchán ofreció a los parlamentarios primero contratos y luego dinero en efectivo para que, a cambio de ello, apoyaran los proyectos de ley de interés del Ejecutivo”, precisó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La participación de Carlos Ramón González no finalizó ahí, debido a que dio instrucciones precisas sobre los montos de dinero que se le debían entregar al entonces presidente del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dos fichas esenciales para conseguir los objetivos planteados.

“Determinó a Olmedo López para que obtuviera estos recursos de la contratación de la UNGRD”, precisó la delegada del ente investigador en la solicitud de medida de aseguramiento en contra del exfuncionario.

“Carlos Ramón González tiene una importante solvencia económica. Igualmente, durante 30 años ha consolidado un significativo poder político y experiencia en el sector público, al punto de ser considerado uno de los cofundadores del partido Alianza Verde”, precisó la fiscal.

Este poder lo llevó a ser nombrado por el presidente Gustavo Petro como director del Dapre y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En la solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso advirtió la gravedad de los delitos endilgados al exfuncionario, al advertir que se expone a una sentencia de 30 años de prisión de ser hallado culpable.

También, advirtió la sistematicidad en el actuar de Carlos Ramón González, que estuvo presente en varios momentos de la ejecución del desvío de recursos públicos para el pago de sobornos.

“Es además una expresión de la gravedad del comportamiento del imputado tratar de comprar la función constitucional de los presidentes del legislativo”, enfatizó la fiscal del caso al señalar los agravantes de la conducta que ejecutó, presuntamente, el exdirector del Dapre.

En su exposición, la delegada del ente investigador aseguró que se está ante un “caso de los llamados delitos de cuello blanco” que han permeado la administración pública.

“No es acertado afirmar que solo constituyen un riesgo para la sociedad los delincuentes violentos, pues también son muy peligrosos los que exteriorizan su comportamiento en formas de delincuencia sofisticada como ocurre con los delitos de cuello blanco perpetrados por los altos funcionarios públicos que cuentan con los recursos para darle apariencia de legalidad a sus comportamientos criminales”, indicó.

Las pruebas documentales y testimoniales recolectadas, advirtió la fiscal, llevan a inferir el saqueo de recursos que se presentó en la UNGRD con el fin de pagar favores políticos y lograr un apoyo, ilegítimo, a las propuestas del Gobierno.

“Existe un clamor social que busca mitigar el flagelo de la corrupción, más aún cuando se presenta en los niveles más altos del poder público y una manera de hacerlo es justamente aplicando el fin constitucional del peligro para la comunidad”, precisó.

Finalmente, aseguró que varios de los implicados en este escándalo de corrupción han señalado directamente a Carlos Ramón González de haber participado activamente en el pago de sobornos a congresistas.

“Señoría, la Fiscalía General de la Nación ha demostrado que al interior de la Rama Ejecutiva del poder público se llevaron a cabo comportamientos que se enmarcan en las más altas expresiones de corrupción que emergieron al interior de la UNGRD”, manifestó la fiscal.

En la audiencia de imputación de cargos, el exfuncionario —quien, sea dicho de paso, se encuentra fuera del país desde hace varios meses— se declaró inocente, asegurando que todo se trataba de “calumnias”.