Casa por cárcel para Álvaro Dávila, “cerebro” del carrusel de la contratación en Bogotá

El Juzgado 26 de Ejecución de Penas de Bogotá le otorgó el beneficio de detención domiciliaria al abogado Álvaro Dávila Peña, considerado como el ‘cerebro’ detrás del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

En la decisión, fechada el pasado 31 de enero, el juzgado le negó la libertad condicional. Sin embargo, consideró que cumplía con los requisitos para recibir la prisión domiciliaria. El abogado tuvo que firmar una caución de 10 salarios mínimos legales vigentes (unos 10 millones de pesos) y la firma de una diligencia de compromiso.

Dávila, quien fue capturado en diciembre de 2012, fue señalado por la Fiscalía General de estructurar la forma en que se entregaban los contratos de infraestructura a un grupo seleccionado de empresarios, entre los que se encontraban Julio Gómez y el denominado Grupo Nule.

Después de seis años de juicio –el cual estuvo marcado por las dilaciones de Dávila– fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

En este punto se advierte que, debido a su conocimiento en temas de contratación pública y su cercanía con el alcalde Samuel Moreno, participó activamente en la conformación de los pliegos de condiciones para la licitación del millonario contrato de la Fase III de TransMilenio.

Siendo asesor jurídico del Grupo Nule, tuvo injerencia directa en que este contrato le fuera direccionado al consorcio que tenía con otras empresas en 2009. En una reunión en su casa, en el norte de Bogotá, en la cual participaron los contratistas Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez, Miguel, Manuel y Guido Nule, Mauricio Antonio Galofre, el senador Iván Moreno Rojas y el subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro, se fijó la forma en que se iba a hacer la repartición de la comisión.

“Dávila Peña tomó la función de los servidores públicos y participó en el trámite de adjudicación de esos contratos, a través de funcionarios tales como Liliana Pardo Gaona, (la prófuga exdirectora del IDU quien ya fue condenada por estos hechos)”, precisó la Fiscalía General durante la presentación de los alegatos de conclusión.

La cúpula del IDU –como se estableció en el juicio– coparticipó con Dávila para desviar el contrato y así entregárselo al Grupo Nule (conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, y Mauricio Galofre), el cual ya había recibido, con ese mismo modus operandi, los contratos de valoración de Bogotá y la reparación de la malla vial.

En ese encuentro, según se señaló, se fijó la necesidad de pagar una comisión al senador Iván Moreno y su hermano Samuel, el alcalde mayor de Bogotá para le época, como también para el contralor distrital, a razón del 6 % para los primeros y el 2 % para el segundo.

Dávila fue sancionado de por vida por el Consejo Superior de la Judicatura para ejercer la carrera de derecho al considerar que con su actuar vulneró todos los principios fundamentales.