Caso UNGRD: los constantes señalamientos a Carlos Ramón González en el escrito de acusación contra Sandra Ortiz

Para la Fiscalía General existen pruebas documentales y testimoniales para inferir que desde su importante cargo, en octubre de 2023, la entonces alta consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, coordinó varios eventos destinados a la entrega de una nada despreciable suma de dinero con destino al senador Iván Name.

En el escrito de acusación de doce páginas, al que tuvo acceso en exclusiva SEMANA, se menciona varias veces la participación de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y uno de los hombres de más confianza de Gustavo Petro.

Fue de esta forma cómo González —que tenía una posición privilegiada en el Gobierno— dio instrucciones de “entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y entonces presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez, y por un valor superior a los 10 mil millones de pesos a favor del presidente de la Cámara de Representantes, David Calle Aguas”.

Sin embargo, en septiembre de 2023 se estableció una cifra más baja de los dineros que iban a ser repartidos entre los congresistas. Esto es, 3 mil millones de pesos para Name y mil millones de pesos para Calle.

Tras un breve encuentro en el Palacio de Nariño, minutos antes de la instalación de un consejo de ministros, Carlos Ramón González y el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) manifestó la necesidad se concretar todo lo más pronto posible.

“Sandra Liliana Ortiz Nova abordó a Olmedo de Jesús López Martínez y le preguntó si había hablado con Carlos Ramón González aclarándole que con era ‘solo lo de Name’”, indica uno de los apartes del escrito de acusación.

Justo en ese momento, Carlos Ramón González se acercó a ellos y, “en presencia” de Olmedo López, “le solicitó adicionar en 11 mil millones de pesos el contrato de obra N.° 9677-PPAL001-727-2022 que la UNGRD estaba ejecutando en el municipio de Repelón del departamento del Atlántico”.

El nombre del entonces director del Dapre aparece claramente en otro aparte del escrito de acusación. “Carlos Ramón le indicó a Sandra Ortiz que era necesario presentar a Iván Name con Olmedo López, para lo cual se debía organizar un desayuno con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que ese hecho se materializó”.

De esta forma, y como lo destaca la Fiscalía General, Sandra Ortiz “siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González”, convocó para el 25 de septiembre de 2023 al desayuno que se llevó a cabo en la habitación 2312 de las suites Tequendama, donde ella vivía desde hace varios años.

A dicho encuentro asistieron Olmedo López y el senador Iván Name. En el cruce de palabras se manifestó la necesidad de adicionar un dinero a un contrato en el departamento del Atlántico que estaba siendo administrado por la UNGRD para labores de mitigación del riesgo en medio de la ola invernal.

Fue de esta forma como, a mediados de octubre de 2023, la entonces consejera presidencial para las Regiones tuvo varias comunicaciones con Sneyder Pinilla, entonces subdirector de Riesgo, para “cuadrar” la forma de enviarle el dinero en efectivo a Iván Name.

Utilizando las camionetas blindadas para su seguridad y transporte, Sandra Ortiz ordenó que se enviara en dos tandas el dinero (1.500 millones de pesos cada una) al congresista hasta su vivienda en el norte de Bogotá, muy cerca del centro comercial Unicentro.

“En lo relativo al elemento subjetivo de las conductas punibles acusadas, Sandra Liliana Ortiz Nova conocía que en acopio con Carlos Ramón González Merchán estaba traficando influencias en Olmedo de Jesús López Martínez para obtener recursos ilícitos de la contratación de la UNGRD que estaban destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable derivada de las calamidades a favor de Iván Leonidas Name”, concluye la acusación.

En el escrito de acusación se llama la atención que tres de los protagonistas de este escándalo de corrupción hacen parte de la Alianza Verde, situación que fue clave en el desarrollo del entramado y entrega de dinero que se pueden calificar como sobornos, así como el desvío de los contratos.

Sandra Ortiz tendrá que responder en juicio por los delitos de tráfico de influencias en servidor público y lavado de activos. De ser hallada culpable, como lo ha señalado la Fiscalía General, se expone a una condena de 20 años de cárcel.

Recientemente se conoció que la exfuncionaria, quien se encuentra desde finales de diciembre pasado en una guarnición militar, estaría buscando una negociación con la Fiscalía General.

Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún acercamiento con el ente investigador.

El documento será presentado en los próximos días ante un juez especializado de Bogotá.