Caso Uribe: por “obstrucción” la jueza pide investigar disciplinariamente a directivos del Inpec por no trasladar a testigos

En la tarde de este viernes, 28 de marzo, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá le pidió a la Procuraduría General evaluar la apertura de una indagación preliminar en contra de los funcionarios del Inpec por negarse a trasladar hasta los juzgados de Paloquemao a los testigos en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Se oficializará inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación para que tome las medidas necesarias frente a los funcionarios públicos que están omitiendo el deber de hacer comparecer ante este estrado judicial a los testigos que se encuentran bajo su custodia”, señaló la funcionaria.

Para la jueza, los directivos de las respectivas cárceles donde se encuentran los testigos privados de su libertad “están haciendo caso omiso” a las peticiones que se les han hecho llegar para los respectivos traslados. “De caso tal que la Procuraduría encuentre el suficiente mérito para iniciar el proceso disciplinario porque no es nada más y nada menos que una obstrucción a la práctica de una prueba”.

Esto después de que este viernes se enviara un oficio desde la cárceles de La Dorada, Caldas, y de Cómbita, en Boyacá, en la que se manifestaba que dos de los testigos citados por la Fiscalía General “desistían” de hacerse presentes en el juicio que se adelanta contra el expresidente, pidiendo que la diligencia se realizara de manera virtual.

La jueza recordó que, con todas las medidas de seguridad necesarias, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda fue trasladado hasta el complejo judicial de Paloquemao para que rindiera su declaración.

“Ya me voy a poner en esa tarea de requerir a los directores de los establecimientos carcelarios y al director del Inpec porque, de verdad tiene razón el señor defensor, en referir el caso del señor Monsalve, donde no exigieron los cinco días de antelación como lo están haciendo en este momento, sino que lo remitieron de manera oportuna a este estrado judicial”.

La jueza hizo un fuerte llamado de atención por la negativa de trasladar a los testigos, recordando que no se puede incumplir una orden de un despacho judicial: “Es una obligación del Inpec presentarlos ante el estrado. No es la primera vez que se pide esta colaboración por parte del Inpec”.

La diligencia judicial continuará el próximo 31 de marzo con la declaración presencial, como ordenó el juzgado, de los exparamilitares Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Alberto Cadavid Zapata y Elmo José Mármil Torregrosa.

Estos testigos le enviaron, en 2012, una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que advertían que habían recibido ofrecimientos por parte del senador Iván Cepeda para que declararan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, Santiago Uribe.

En las misivas señalaban que Cepeda les ofreció “asilo político” y otros beneficios si vinculaban a los hermanos Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la resolución de 2020 por medio de la cual se dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe la Corte le restó credibilidad a estas cartas cuestionando el hecho que tenían la misma letra y errores.