Nación
Cero y van dos: Procuraduría pidió a la Corte ‘tumbar’ parte de otro decreto de la conmoción en el Catatumbo
El procurador Gregorio Eljach también le pidió al alto tribunal que declare “inexequible” el decreto con el que se pretendía atender los proyectos en materia de educación en esa región afectada por el orden público.
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que tumbe dos artículos del decreto que daba medidas en materia de agua, saneamiento básico y vivienda, declarados con la conmoción interior en el Catatumbo. Medidas que surgieron tras la guerra que se desató entre las disidencias de las Farc y el ELN en esa región del país.
El concepto que envió Eljach el pasado 4 de abril le solicita al alto tribunal: “Declarar inexequibles los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 0121 de 30 de enero de 2025, por el cual se adoptan medidas en materia de agua, saneamiento básico y vivienda en el marco de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander y los municipios de Río de Oro y Gonzáles del Departamento del Cesar”.
Esos artículos le daban facultades a las alcaldías municipales para que ajustaran los planes de ordenamiento territorial en atención a la población desplazada y competencia al Ministerio de Vivienda para estructurar y ejecutar proyectos de agua y saneamiento básico.
Sobre el artículo 4 la Procuraduría detalló: “Es impreciso, pues en lo que tiene que ver con la suspensión del proceso de consulta previa y de los mecanismos de participación ciudadana, su alcance no se logra determinar de forma clara e inequívoca. Por lo tanto, se advierte que esa ambigüedad representa una contradicción directa con la Constitución y que, por lo demás, puede vulnerar las garantías fundamentales previstas en la Carta Política”.
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El ente de control también advirtió que suspender la aplicación de las normas sobre planeación urbanística y los parámetros mínimos de seguridad estructural, podría terminar en un incremento de generar asentamientos informales e inseguros. Lo que podría generar una permanente vulnerabilidad de las condiciones para las víctimas de desplazamiento.
“Las medidas adoptadas en el artículo 4 resultan problemáticas de cara a los principios democráticos contenidos en la Ley 388 de 1997, la cual incluye etapas de socialización y concertación con la comunicdad e instancias institucionales en la elaboración del POT”, dice el documento que esta en poder de la Corte Constitucional.
Para la Procuraduría, el artículo 5 de ese decreto tampoco cumple con los requisitos constitucionales exigidos, teniendo en cuenta que la medida modifica las disposiciones ordinarias sobre la competencia de los departamentos y municipios para desarrollar proyectos de agua y saneamiento básico.
“El gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, asume una competencia asignada por la Constitución a las entidades territoriales sin garantizar su financiación”, advirtió el ente de control.
