César Manrique Soacha deberá pagar diez años de prisión por corrupción en compra de motos eléctricas para la Policía

César Mauricio Soacha deberá pagar una sentencia de diez años de cárcel por utilizar de manera indebida su cargo para beneficiar directamente a una empresa con un contrato para la adquisición de cien motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá en el año 2012.

Fungiendo como gerente encargado del Fondo de Vigilancia de Bogotá, Manrique Soacha habría promovido, convocado y celebrado este millonario contrato, pese a que, según rezaba el manual de funciones, no podía realizar estas acciones, pues no era titular del cargo.

Fue de esta forma, de manera conveniente en su último día en encargo, que celebró el contrato del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y la empresa Norbaum Technologies S.A. para la adquisición de cien motocicletas eléctricas. Estas nunca se habían pedido y su necesidad sigue estando en tela de juicio.

“El referido contrato fue celebrado en flagrante contravención de los requisitos legales que rechazan la contratación estatal y que su configuración, estructuración y adjudicación respondieron a un direccionamiento deliberado promovido desde el interior del Fondo de Vigilancia, con conocimiento y participación funcional del procesado”, indicó el juez.

Teniendo en cuenta las declaraciones, pruebas técnicas y documentales, se determinó que Manrique Soacha incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin los requisitos legales. Sin embargo, fue absuelto por el delito de peculado por apropiación.

Con el fin de evitar llamar la atención de las autoridades judiciales frente a la ejecución del convenio, se presentaron informes técnicos y periciales.

“Se suma la falta de evaluación técnica independiente y las pruebas adelantadas a las motocicletas fueron empíricas, breves, no documentadas adecuadamente y sin validación científica. Varios de los informes técnicos, como los elaborados por el subintendente Roncancio Romero o el cabo Diego Giraldo, fueron construidos sin instrumentos de medición, sin protocolos establecidos y con base en observaciones subjetivas”, señala la decisión.

Para el juez, esto “evidencia que la Administración no se aseguró de que los bienes contratados cumplieran estándares de calidad compatibles con su finalidad operativa”.

Un informe de la Contraloría Distrital permitió establecer “que el deterioro prematuro de las motocicletas obedecía a fallas estructurales no previstas en el contrato y a la inexistencia de dispositivos de carga adecuados, todo lo cual debió ser advertido durante la fase contractual”.

Las pruebas recolectadas en el juicio llevaron a establecer que César Augusto Manrique Soacha “desplegó una conducta orientada a direccionar el proceso contractual en favor de una empresa determinada. Lo hizo al participar directamente en la validación de una ficha técnica elaborada por el propio proveedor, al omitir la evaluación de otras propuestas, como la presentada por Propeller Energy, al intervenir en la gestión previa con entidades como la Policía y el Ejército, y al firmar el contrato el último día de su encargo, sin que existiera una justificación institucional objetiva que sustentara esa urgencia”.

Esto llevó a un fuerte llamado del juez: “Su actuación, por tanto, no fue pasiva ni meramente administrativa, sino determinante del diseño, impulso y consumación del proceso contractual excluyente y arbitrario, contrario a los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad”.

La Fiscalía General anunció que presentará recurso de apelación en contra del fallo. Igualmente, los representantes de la Procuraduría, el Distrito y la defensa del exfuncionario anunciaron que interpondrán el recurso.

El recurso será resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Por lo tanto, la sentencia no está ejecutoriada.