César Manrique Soacha se expone a una condena de 30 años de prisión por el escándalo de la UNGRD

Durante tres horas y media se extendió la audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de la Función Administrativa de la Función Pública, César Manrique Soacha por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción que permeó la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la diligencia judicial, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que en el año 2023 Manrique Soacha tuvo una participación activa en el desvío de millonarios contratos para la atención de desastres en el departamento de La Guajira.

Por esta gestión, Manrique Soacha recibió sobornos que llegaron a los 3 mil millones de pesos.

“César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública y los particulares Edgar Eduardo Riveros Rey, abogado, empresario, entre otros, se concertaron para conformar una empresa criminal a fin de cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD”, precisó la fiscal del caso.

En este sentido señaló que teniendo en cuenta su cargo, influencia y contactos el funcionario dio instrucciones precisas para el desvío de los recursos.

“Con este acuerdo de voluntades entre funcionarios públicos de la UNGRD, particulares y contratistas, lograron consolidar una organización criminal que tenía como propósito interesarse indebidamente en contratos de la UNGRD en aras de direccionarlos a los empresarios que estuvieran dispuestos a pagar coimas por su adjudicación, incurriendo en múltiples falsedades documentales públicas y privadas a fin de viabilizar los desembolsos y apropiarse de los dineros del Estado", añadió.

La “empresa criminal”, citada por la Fiscalía, estuvo acompañada por varios funcionarios de la UNGRD, Función Pública y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que permitieron la ubicación de contratos para alcanzar sus intereses.

“Se interesaron en la contratación por el valor de los recursos reducidos del convenio que el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tenía con la Agencia Nacional de Tierras (...) que estaban designados a atender la problemática de desabastecimiento de agua en el departamento de La Guajira”, precisó la fiscal.

Todos estos contratos tuvieron un valor cercano a los 98 mil millones de pesos.

“La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general de la comunidad”, enfatizó la fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación al exfuncionario. Por lo que se expone a una condena de 30 años de prisión.

En las próximas horas la Fiscalía General solicitará medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra del exfuncionario.