Chocó, bajo fuego: secuestros, quema de buses, desplazamientos y paros armados tienen en jaque al departamento. ¿Dónde está el Gobierno Petro?

El Chocó no tiene paz. Nunca la ha tenido, pero los últimos días la violencia se ha recrudecido a tal punto que los pobladores comparan esta situación con la peor época del conflicto armado, a principios de la década del 2000, cuando en las carreteras de ese departamento quemaban buses, secuestraban en las denominadas ‘pescas milagrosas’, había paros armados, enfrentamientos y constreñimiento de la comunidad.

No obstante, en la actualidad hay un factor diferencial: la espiral violenta no solo está en la ruralidad –como ocurría hace 25 años–, sino que ha permeado los municipios, y la maldad se apoderó de ciudades como Quibdó e Istmina.

La situación es tan compleja que empresas de buses intermunicipales se abstienen de despachar sus vehículos hacia Chocó a determinadas horas por el miedo a que sean quemados.

En terminales de transporte, como Cali y Medellín, solo están saliendo dos rutas diarias. La otra opción para los viajeros es movilizarse en sus autos particulares, pero no hay garantía suficiente de que puedan llegar a sus casas.

Uno de los tantos casos de secuestros selectivos en la vía se vivió el pasado 26 de abril, cuando delincuentes armados se llevaron a Arnold Rincón, director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), la máxima autoridad ambiental de ese departamento. Según lo denunciado por la misma gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, los hechos ocurrieron mientras el funcionario se desplazaba entre Quibdó e Istmina en un sector conocido como Rancherías. “Hay un miembro de su esquema de seguridad herido”, dijo la mandataria.

Ni la recompensa de 100 millones de pesos, ni el consejo de seguridad extraordinario, mucho menos la marcha convocada el pasado primero de mayo, han logrado que el director de Codechocó recupere la libertad. Al contrario, en cercanías con Risaralda ocurrió el secuestro de otras dos personas en la misma semana.

“Arnold Rincón es la autoridad ambiental del departamento del Chocó. De ninguna manera la nación puede permitir que se soslaye a la institucionalidad y a la gobernanza, que sostienen el servicio público y la democracia. Estamos ante una frontera muy peligrosa en la que no pueden salirse con la suya los violentos”, enfatizó la gobernadora Córdoba.

¿Quiénes están detrás?

Desde hace más de 40 años, el Chocó ha sido el fortín del ELN y las extintas Farc. Este departamento es el único en Colombia con dos océanos, trópico y ríos inundados de oro. Tiene fronteras con el Valle, por Buenaventura, con Risaralda, Antioquia y Panamá.

Es un corredor estratégico para mover grandes cantidades de droga hacia Centroamérica. Además, por sus espesas selvas es un escondite para los cabecillas de las estructuras ilegales. Antes, el movimiento criminal estaba sujeto a la producción de coca y marihuana; ahora, la minería ilegal ha adquirido fuerza en esa economía ilícita y, al tiempo, está devorando grandes afluentes.

El ELN tiene el control en el Bajo, Medio y Alto San Juan, aunque, según inteligencia militar, se ha movido con nuevos bloques hacia la periferia de las grandes ciudades. El Clan del Golfo, heredero del paramilitarismo, entró al departamento por los lados de Antioquia y el Bajo Cauca; desde allí quiere desplegar su plan de conquista de todo Chocó. A ese coctel delictivo se suman las disidencias de Iván Mordisco e Iván Márquez.

Las alianzas no se han hecho esperar. El ELN está con las disidencias de Márquez, mientras que el Clan del Golfo firmó un pacto de no agresión con los hombres de Iván Mordisco. Los principales objetivos son las zonas de frontera con Panamá, aunque el dominio criminal de Quibdó también ha entrado en juego.

En esa ciudad, según organizaciones sociales, han asesinado a más de 600 jóvenes en los últimos cinco años. Hay una realidad de extorsión que sobrepasa todos los límites.

“Aquí se le cobra hasta al vendedor ambulante; por ejemplo, si usted va a arreglar su casa, primero debe pagarle al jefe de la pandilla del barrio. Ellos mandan recados con muchachitos y, si usted no paga, le hacen disparos a la casa primero, luego tiran a matar”, señala un líder social de Quibdó.

No queda nada

Allí no hay multinacionales ni empresas grandes de producción. Todas fueron obligadas a cerrar por las altas sumas exigidas por los extorsionistas. Dicha situación ha ocasionado que Quibdó en los últimos diez años tenga la tasa de desempleo más alta de Colombia.

El año pasado, el desempleo en esa ciudad ascendió hasta el 28,4 por ciento, superando el promedio nacional, según el Dane.

En Quibdó delinquen las bandas los Locos Yan y los Mexicanos, aunque por fracturas internas hay otros pequeños grupos pidiendo pista. A esas estructuras las patrocinan el ELN y el Clan del Golfo. A través de esas filiales criminales, trasladaron la guerra del campo a la ciudad.

En la ruralidad, la situación no es muy diferente: todos los pobladores deben pagar y obedecer. Por ejemplo, mientras se escribía este reportaje, el ELN decretó tres días de paro armado en la subregión del Baudó, donde en estos momentos hay fuertes combates entre esas estructuras criminales.

“Desde hoy (viernes) y durante los próximos tres días se ha anunciado un nuevo constreñimiento armado en el departamento del Chocó por parte del ELN. Esto se suma a los combates que durante días anteriores se presentaron en el municipio del Alto Baudó por confrontaciones entre ELN y EGC. Nos preparamos para asumir la atención humanitaria que con certeza implicará esta nueva escalada de violencia subregional”, escribió la gobernadora a través de sus redes sociales.

Los paros armados en Chocó implican que la población no puede salir de sus casas por ningún motivo, ni para abastecerse de medicamentos o comida. El comercio debe estar cerrado y ningún vehículo puede movilizarse por esas vías.

“Esta situación no la vivíamos como desde 2010. La gente ya no está acostumbrada a viajar y ver retenes donde te bajan y queman el bus. Eso, pensábamos, era parte de un pasado que no queríamos vivir más, pero desafortunadamente aquí estamos de nuevo en la misma situación. Da dolor y tristeza, porque sentimos que estamos solos, que el país está en otras discusiones, pero en ninguna de esas está lo que pasa en Chocó”, subrayó Francisco Mena, líder social de ese departamento.

La espiral violenta también ha ocasionado un desplazamiento masivo de jóvenes y familias completas hacia otros departamentos, como Antioquia y Valle del Cauca.

“Si usted quiere a su hijo, debe sacarlo de aquí. Si no lo saca, el camino tiene dos rutas: se lo matan o lo reclutan. No hay garantías”, dice un habitante de Istmina. Esa es hoy la realidad del departamento más golpeado por la violencia y la pobreza, producto del actuar criminal, en Colombia.