Coltán, el ‘oro negro’ que disidencias de las Farc y el ELN están sacando por toneladas en Vichada; ganancias son multimillonarias

Las selvas del Vichada y Guainía son testigos de un nuevo –y sangriento– capítulo del conflicto armado interno en Colombia. La Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, y el ELN se disputan la extracción y comercialización del coltán, el oro negro por el que están despedazando el medioambiente, asesinando a campesinos y generando una ola de desplazamiento nunca antes vista en esa región.

Durante años, estas regiones han guardado un tesoro bajo sus suelos: coltán. No brilla como el oro ni se encuentra en sitios despampanantes, pero su valor en el mercado internacional lo ha convertido en una de las piezas determinantes. Este mineral alimenta la industria tecnológica, pero también financia parte del aparato criminal de la Segunda Marquetalia y del ELN.

En la mayoría de los casos, su valor no es cancelado en pesos, sino en dólares, lo que lo hace más atractivo para los ilegales, que lo comercializan en el mercado negro para luego terminar en el legal sin dejar rastros de su origen y del grave daño medioambiental que su extracción provoca. Los primeros rastros de coltán en esta zona de Colombia aparecieron hace más de una década, según expertos.

En ese entonces, pocos sabían qué era este mineral, una mezcla de tantalio y niobio utilizada en la fabricación de baterías de celulares, cables de fibra óptica y equipos de defensa. Sin embargo, los grupos armados ilegales entendieron rápidamente su potencial económico y lo integraron a su estructura de financiamiento.

Un experto ambiental de la zona entregó detalles de la pelea a sangre y fuego entre la Segunda Marquetalia y el ELN por el control del área donde extraen este mineral. “Primero llegaron geólogos y mineros ilegales, luego aparecieron emisarios de los grupos armados exigiendo su parte. Hoy las disidencias y el ELN controlan cada gramo que sale de estas tierras. Es un impuesto de guerra, una economía paralela que sostiene la violencia y el horror de la guerra que se vive por el olvido del Estado. Ellos vigilan la zona, la extracción del mineral y su comercialización”, contó sin tapujos a SEMANA.

Los que habitan este territorio aprendieron con el tiempo a conocer la forma en la que opera la minería ilegal, pues un día aparecieron hombres y mujeres armados, entraron al pueblo, preguntaron por las rutas más fáciles para llegar a los yacimientos y, sin mayor aviso, tomaron el control.

Las comunidades indígenas que residen en estas tierras durante varios años han visto cómo los árboles caen, los ríos se envenenan y el suelo es excavado por maquinaria pesada. El negocio del coltán mueve millones de dólares en el mercado negro internacional, pero en los campamentos clandestinos de Vichada y Guainía su valor es relativo, le revelaron a SEMANA varias personas que laboran en la actividad. Entretanto, el experto aseguró que ha recorrido estos sitios ilegales y pudo ver cómo delinque esta mafia que destruye el medioambiente, pero enriquece la guerra y a la que el Estado no ha podido detener.

El comercio

“Una tonelada con 60 por ciento de pureza puede costar hasta 90.000 dólares en el mercado internacional, pero aquí, en el mercado negro, se vende por un poco más de la mitad. Los grupos ilegales buscan la forma de sacarlo del país, lo blanquean y luego lo insertan en la economía formal sin dejar rastro”, detalló. En cada punto del proceso, hay un actor beneficiado: los mineros ilegales venden el mineral a traficantes, estos lo pasan a Venezuela o Brasil y, en el camino, los grupos armados cobran por dejar delinquir a estas mafias internacionales. Están ahí en todo el proceso.

El control territorial no es solo cuestión de dinero, sino de poder. En 2023, la Octava División del Ejército Nacional incautó en una sola operación 19 toneladas de coltán en Vichada, un hecho que reveló el tamaño de la red ilegal. Esa carga, atribuida a la Segunda Marquetalia, tenía un valor estimado de más de 950.000 dólares. Sin embargo, la incautación no detuvo la explotación. Semanas después, nuevas minas clandestinas aparecieron en la selva y en la actualidad están operando como si nada ocurriera.

La Segunda Marquetalia y el ELN no solo controlan el negocio del coltán, sino que definen el destino de quienes habitan la región. Las comunidades indígenas han sido desplazadas de sus territorios y, en algunos casos, obligadas a trabajar en condiciones inhumanas. Los que alzan su voz para detener esta minería ilegal terminan amenazados o muertos en el peor de los casos. Los líderes sociales no tienen ni voz ni voto en la zona.

“A la gente le prometen riquezas inmediatas, pero lo que encuentran es violencia, contaminación y explotación por las largas jornadas a las que son sometidos”, indicó.

Daño ambiental

La minería ilegal del coltán no solo destruye la selva, sino que envenena los ríos con químicos tóxicos, como el ácido sulfúrico, utilizado para separar los minerales. Muchas de las aguas que antes sustentaban la vida de la región ahora están contaminadas, y la biodiversidad se reduce a medida que avanza la devastación. El conflicto por el coltán no es solo interno. La frontera con Venezuela y Brasil se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico ilegal. Documentos internacionales han señalado que parte del mineral extraído en Colombia termina en refinerías extranjeras, donde se procesa antes de ser vendido a empresas tecnológicas como si su origen fuera legal.

El coltán es el oro negro para la Segunda Marquetalia y el ELN, y, como todo recurso valioso en una zona sin ley, su explotación sigue siendo un problema de difícil solución.

“Si queremos frenar este fenómeno, necesitamos una minería regulada, con estándares ambientales y sociales claros”, dijo el experto. “Pero, mientras no haya presencia del Estado, la minería ilegal seguirá prosperando y financiando la guerra”. SEMANA tuvo acceso a la información que manejan agencias de inteligencia del Estado que les siguen el rastro a los integrantes de estos grupos armados ilegales.

Uno de los actores principales es el Frente de Guerra Oriental del ELN, bajo el mando de Raúl Archila Rincón, alias Arturo o Nacho, quien lidera la estructura conocida como José Daniel Pérez Carrero. Esta célula criminal, que opera en Vichada y Guainía, estaría compuesta por cerca de 70 integrantes, entre combatientes armados y redes de apoyo logístico. Su actividad se centra en todo el ciclo de la minería ilegal: desde la búsqueda y extracción del mineral hasta su movilización y posterior comercialización.