Judiciales

Comienza el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Estos son los escenarios jurídicos para el expresidente

La Fiscalía General lo acusó por tres delitos. La defensa del exmandatario sostiene que muchas de las pruebas en contra del exmandatario han sido manipuladas y obtenidas de manera ilegal.

6 de febrero de 2025, 11:19 a. m.
Alvaro Uribe Juicio
Hoy inicia formalmente el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: SEMANA

Este jueves 6 de febrero, comenzará el juicio penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por, presuntamente, haber ordenado la presión a un grupo de exparamilitares para que se retractaran de los señalamientos que habían hecho en su contra tanto en la Fiscalía General como en Justicia y Paz.

En la diligencia, que comenzará a las 8:30 de la mañana, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá resolverá el oficio enviado por la defensa del exmandatario, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, en la cual se pide reprogramar el inicio del juicio.

En el oficio, que fue radicado el pasado miércoles, el defensor le pidió a la jueza de conocimiento que fije un cronograma para el inicio del juicio. En simples palabras, que no se comience inmediatamente con la práctica de pruebas.

“Que, en todo caso, se considere que para el inicio del juicio oral se fije un plazo razonable, teniendo en cuenta la carga de trabajo que impone la preparación de tan importante acto procesal. En todo caso, estima la defensa, que el inicio del mismo no debe ser antes del 17 de febrero del 2025″, señala uno de los apartes de la petición.

Igualmente, pidió que, pese a lo manifestado en la citación hecha, el juzgado permita que el expresidente esté presente de manera virtual. Esto debido a su situación de seguridad, la cual le dificulta viajar a Bogotá y trasladarse hasta el complejo judicial de Paloquemao, ubicado en el centro de la capital de la República.

“Como es de público conocimiento, mi representado, debido a los cargos públicos que ha ejercido, tiene un riesgo de seguridad bastante complejo”, señala el oficio firmado por el abogado Jaime Granados.

Además, el penalista, le señaló el juzgado que tampoco puede estar de manera presencial porque desde hace varios meses está fuera del país.

“Como es de conocimiento público, desde ya hace un tiempo, también por razones de seguridad, me encuentro radicado por fuera del país”, enfatizó el penalista.

De avalar esta petición, se fijará una nueva fecha de audiencia para dar inicio formal al juicio contra el exjefe de Estado, estableciendo el cronograma para cada una de la práctica de pruebas ante el estrado judicial.

En este sentido, como es costumbre, se comenzará con las pruebas de la Fiscalía General que, mediante sus peritos, introducirá al proceso los informes y documentos citados en el escrito de acusación. Después, entrará en la etapa de testigos.

Finalizada esta etapa, el turno será para la bancada de la defensa del expresidente. Presentará los testigos para sustentar su teoría del caso, la cual consiste en demostrar que Álvaro Uribe Vélez jamás dio una orden al abogado Diego Cadena para que sobornara testigos con el fin que se retractaran de los señalamientos hechos.

Lo que hizo el exmandatario, en el año 2018, fue encargarle al jurista —quien tenía una gran trayectoria en el tema— que corroborara una información que le había llegado por un contacto muy cercano frente al deseo de varios exparamilitares de retractarse abiertamente de lo dicho ante la Fiscalía y en Justicia y Paz.

Para esto, Cadena —quien actualmente enfrenta un juicio penal por estos hechos— fue comisionado para que visitara varias cárceles del país y corroborar esta información.

La defensa de Uribe ha manifestado, en diferentes escenarios, que las pruebas citadas por la Fiscalía General en la acusación fueron sacadas de contexto y, lo que es más grave, recolectadas de manera ilegal, puesto que la misma Corte Suprema reconoció en 2018 que se trató de un “error”, pues se añadió el número del abonado telefónico del expresidente a una investigación de la cual no tenía nada que ver.

El expresidente ha manifestado que su derecho al debido proceso y a la legítima defensa se le han vulnerado en más de una oportunidad, puesto que jamás dio una orden para que ofreciera un soborno u otro beneficio.

“Estas conversaciones con el doctor Cadena demuestran que siempre he sido un hombre veraz (…) y habrá tiempo para mencionarlo en el juicio cómo he honrado la veracidad en momentos muy difíciles de mi vida pública”, señaló el exmandatario en la audiencia preparatoria que se adelantó en noviembre pasado.

Tras la práctica de pruebas, se fijará la fecha para la realización de los alegatos de conclusión, en la cual intervendrán los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría, así como el abogado del acusado. También los representantes de las víctimas avaladas, que en este caso son el senador Iván Cepeda; el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo; y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve.

Para finalmente, dar lugar a la decisión de la jueza que podrá emitir su sentido de fallo condenatorio u absolutorio.

La Fiscalía General ha señalado que el proceso contra el expresidente precluirá en octubre de este año.

El expresidente fue acusado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.