¿Cómo va a monitorear el Gobierno que los capos del crimen se queden con el 12 % de sus bienes a través de la ‘paz total’?

Para incentivar que los capos del crimen organizado aterricen a la ambiciosa ’paz total’ del Gobierno Petro, el proyecto de ley estableció que ese tipo de perfiles se van a quedar con el 12 % de los bienes que lograron obtener mediante actividades ilícitas, pero ¿cómo se va a monitorear que ese porcentaje realmente se cumpla y quién vigilara que esas propiedades aporten a la reparación de las víctimas?

SEMANA conoció que dentro del Gobierno Petro se está planteando establecer unas estrategias de seguimiento y monitoreo sobre las finanzas criminales de esos jefes del crimen, pero, además, quien no declare la totalidad de sus bienes, podría terminar expulsado de la ‘paz total’ y perdiendo todos los beneficios judiciales que pretenden entregarle con dicho proyecto.

Lo cierto es que con ese articulado se espera que los capos de crimen organizado, como los que estuvieron participando en el ‘tarimazo’ de Petro en La Alpujarra, en Medellín, tendrían que entregar el 86 % de sus propiedades para reparar a las víctimas que dejó la violencia y el miedo provocado por esas bandas.

El plan del gobierno Petro es que ese dinero sea destinado al Fondo de Reparación de Víctimas y administrado por la Unidad de Víctimas, que tendrá que crear una “subcuenta especial” para reparar a las personas que se acreditaron dentro del proceso judicial como afectados por las actividades de esa estructura, informaron fuentes del Ministerio de Justicia.

Pero, además de quedarse con el 12 % de sus bienes, los jefes del crimen organizado también recibirán otros beneficios a cambios de que entreguen información clave que permita el desmantelamiento y sometimiento de la estructura, así como de financiadores y colaboradores.

Entre esos beneficios tendrán un tratamiento penal especial diferenciado que detalla: “Se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años“.

Esa pena se evaluará según la gravedad de las conductas, el nivel de participación y las afectaciones a menores de edad para los máximos responsables de comisión de graves violaciones, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves afectaciones al DIH y delitos conexos.

Así mismo, los mandos medios tendrán penas alternativas de 2 a 5 años. Mientras que los vinculados a delitos por pertenecer al grupo criminal, podrán acceder de manera prioritaria a un principo de oportunidad.