Condenan a dos personas por el asesinato de líderes sociales en Norte de Santander y Antioquia

La justicia condenó a dos persoans responsables de crimenes de líderes sociales, en hechos ocurridos en Ocaña (Norte de Santander) e Ituango (Antioquia), tras las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

La primera decisión fue adoptada por un juez penal de circuito que condenó a Anderson Jair Quintero Quintana, alias El Abuelo o Mayron, a 18 años y cinco meses de prisión por el crimen de seis personas, en hechos ocurridos en 2014, 2019 y 2020, en Ocaña y Sardinata (Norte de Santander).

Entre las víctimas, se encuentra María del Carmen Flórez, líder social en Ocaña, quien fue atacada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, el 16 de mayo de 2019.

La mujer conducía en una motocicleta cuando dos sicarios la interceptaron y le dispararon en tres oportunidades.

La líder social trabajaba para la Alcaldía de Ocaña, entidad en la que lamentaron su muerte: “Hoy nuestra Administración amanece de luto por la pérdida de María del Carmen Flores, quien era contratista de servicios generales desde que inició nuestro periodo de Gobierno. Le damos una voz de condolencia a sus familiares y extendemos un fuerte abrazo”, señaló en su momento ese despacho.

Flórez era reconocida en la región como una líder comunitaria que participó activamente en varias campañas políticas.

Alias El Abuelo o Mayron, quien era integrante del grupo armado delincuencial Los Pelusos, fue sentenciado mediante preacuerdo por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado.

Condena a integrante del ‘Clan del Golfo’

De otra parte, ante la contundencia de las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (Uei) fue condenado a 16 años y 9 meses de prisión Alexander Hernández López, alias El Zarco.

De acuerdo con el ente acusador, este hombre, integrante de una estructura del Clan del Golfo, fue declarado responsable del homicidio del líder social Fernando José Oquendo Jaramillo, ocurrido el 6 de julio de 2018, en la vereda El Torrente, de Ituango (Antioquia).

Era integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuita, jurisdicción de ese municipio del norte de Antioquia.

La información oficial de ese momento señaló que fue ultimado de 10 disparos cuando se encontraba en su vivienda del sector El Torrente, donde también fue asesinado su cuñado y presidente de la Junta, José Abraham García, el 26 de junio de ese mismo año.

La Fiscalía estableció que alias El Zarco hizo parte del grupo armado que ingresó a la vivienda de la víctima y le disparó indiscriminadamente.

En ese sentido, fue sentenciado por los delitos de: homicidio agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivo agravado.

Protección para líderes sociales a examen en la Corte Constitucional

Precisamente ante las cifras por crímenes de líderes sociales, la Corte Constitucional convocó audiencia pública para el próximo jueves 28 de abril de 2022 con el propósito de analizar el tema de la protección a estas personas.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 fueron asesinados 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio nacional.

En enero de este año, la Unidad Especial de Investigación, Uei, de la Fiscalía aseguró recientemente haber obtenido un “resultado histórico” tras lograr en 2021 un “68,35 % de avance en el esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la Onu”.

“En 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas. Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales, en el entendido de que, en febrero de 2020, el avance de esclarecimiento se ubicaba en 52 %”, señaló la Fiscalía, al entregar el balance de esclarecimiento de hechos criminales contra líderes sociales en lo corrido del año pasado.

El asunto de fondo que discutirá el alto tribunal versa sobre nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación.

Los accionantes en este caso consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.

Según los escritos de tutela, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios: por ejemplo, que algunos de los accionantes no cuentan con protección de la Unp; otros afirman que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad ello no ha sido suficiente dado que los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.

Igualmente destacan que esto ha afectado la representación de las colectividades y no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

Según la Corte, la audiencia abarcará cuatro ejes temáticos. Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos.

Segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección la población líder y defensora de derechos humanos.

Tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Cuarto, la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz.