Confrontaciones entre grupos armados en Barbacoas y Ricaurte, Nariño, ya dejan más de 2 mil desplazados

Los municipios de Barbacoas y Ricaurte (Nariño) atraviesan una crisis humanitaria debido al masivo desplazamiento al que han sido sometidas las comunidades que viven en la zona.

Los cruentos enfrentamientos que estarían librando el ELN, las disidencias de las Segunda Marquetalia de las Farc y el estado mayor central de Iván Mordisco, han provocado intranquilidad.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), desde el mes de junio han sido desplazadas de manera forzada más de 1.700 indígenas Awá, viéndose afectadas más de 800 familias.

“La población indígena Awá continúa padeciendo los impactos del conflicto armado. Existe el riesgo de nuevas emergencias humanitarias debido a la disputa entre los GANEs por el control territorial. Las subregiones del Piedemonte Costero, Sanquianga y Telembí son las más afectadas”, indicó Ocha Colombia.

La mayoría de desplazados son adultos mayores, madres cabeza de familia y menores de edad, quienes están siendo atendidos en albergues del corregimiento Altaquer, ubicado en la vía que comunica de Ricaurte al municipio de Tumaco.

“En los resguardos el Palmar, San Antonio, Chagüí Chimbuza, Magüí, hay decenas de casas desocupadas, otras más con candados en sus puertas, el puesto de salud cerrado y la única escuela de la zona no tienen alumnos y docentes, todos se fueron por culpa de la guerra”, indicó Blu Radio.

Al cumplirse casi un mes del confinamiento y los desplazamientos, los indígenas Awá piden con urgencia la intervención del Gobierno nacional; aseguran que en menos de un mes, cuatro comuneros han sido asesinados y otro falleció al caer a un campo minado.

De otro lado, en un preocupante hallazgo, la Comisión extraordinaria liderada por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, encontró que más de 650 familias indígenas desplazadas en 12 asentamientos en Quibdó, Chocó, no están recibiendo la atención requerida por parte de las entidades estatales, en violación al enfoque diferencial establecido por la ley.

Además, se constató que las órdenes de reubicación en sus territorios ancestrales, dictadas en un fallo de tutela, no se están cumpliendo.

Durante visitas a dos asentamientos, Las Palmas y Baudata, en la zona rural de Quibdó, el Ministerio Público evidenció las precarias condiciones en las que estas familias viven, careciendo de garantías fundamentales para sus derechos.

De acuerdo con la entidad, se encontraron viviendas improvisadas con techos de plástico, sin paredes y sin acceso a servicios básicos. Además, la falta de vías de acceso dificulta aún más su situación, impidiendo el acceso a servicios de salud y otras necesidades básicas.

Uno de los casos expuestos por los líderes indígenas fue el de un niño que fue mordido por una serpiente y aún no ha recibido atención médica, según informó la Procuraduría. Su supervivencia se ha debido únicamente a la medicina ancestral indígena, ya que la asistencia médica adecuada no ha sido brindada.

El plazo otorgado por el juez que falló una tutela para reubicarlos, a favor de la Procuraduría, vence en noviembre próximo. Ante esta situación, la comisión especial de la Procuraduría está preparando un informe dirigido al togado encargado del caso, solicitando que se requiera a las entidades responsables el cumplimiento inmediato de las órdenes emitidas.

La situación de estas familias indígenas en Chocó refleja la necesidad urgente de una acción coordinada y efectiva por parte del Estado para garantizar el respeto a sus derechos y brindarles las condiciones adecuadas de vida en sus territorios ancestrales.

La comisión especial de la Procuraduría General que llegó a Chocó también reveló una alarmante situación de reclutamiento forzado de menores de edad por parte del ELN y el Clan del Golfo, que se siguen enfrentando en medio de su disputa territorial en el departamento. Esta problemática ha provocado un elevado índice de deserción escolar y un preocupante aumento en los casos de suicidio entre los jóvenes de la región, de acuerdo con el órgano de control.

Según los informes recibidos de la Secretaría Departamental de Educación, solo en el año 2022, 6.019 estudiantes de todo el departamento abandonaron sus colegios. Más del 54 % de ellos provenían de la zona de San Juan, epicentro de la actual crisis humanitaria. Las razones de la deserción están relacionadas con el desplazamiento de las familias y el temor a ser reclutados durante el trayecto hacia las escuelas y colegios.