Un Congreso sin rumbo

En un hecho sin precedentes en su historia, el inicio de las sesiones del Congreso está en veremos. Cuando se daba por descontado que el Decreto 491 del presidente Duque autorizaba las comisiones y plenarias virtuales, a raíz de la emergencia del coronavirus, la discusión sobre su legalidad no termina. Los congresistas están divididos al respecto y tampoco hay claridad sobre la plataforma tecnológica que se debe usar. El retraso completa tres semanas y esta parálisis podría afectar la institucionalidad del país.

El meollo está en el Artículo 12 de la norma expedida por la Casa de Nariño el pasado 28 de marzo, que dice que las sesiones no presenciales se “podrán realizar” y pide remitirse a los reglamentos de cada corporación pública. El lío radica en que la Ley 5 del Congreso no habla específicamente de sesiones virtuales, por lo que algunos congresistas interpretan que hay un vacío jurídico. Esa postura es liderada por el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales líderes de la oposición, que habla de “ilegalidad” e “inconveniencia”.

Robledo, junto a la bancada del Polo, pide que el Legislativo se congregue de manera presencial, lo que ha desatado cuestionamientos porque el aislamiento social es la principal medida para contener el coronavirus, como se ha visto en el mundo y como lo ha sugerido la comunidad científica. Igualmente, esta salida pondría en riesgo la salud de los propios congresistas y la de las personas que conforman sus equipos de trabajo.

Mientras el senador Jorge Enrique Robledo se opone a las sesiones virtuales y las tilda de ilegales, el representante a la Cámara José Daniel López pide que se realicen cuanto antes.

El senador del Polo critica el hecho de que por la vía virtual los debates no se desarrollen con la seriedad necesaria, lo que, según él, podría abrir paso a aprobar las leyes sin la rigurosidad que se requiere. “Ese trámite virtual no da garantías para que no haya fraude”, asegura Robledo.

Sin embargo, otros interpretan este debate como una leguleyada que busca aplazar de manera indefinida la tarea del Congreso en el momento más crítico para el país en los últimos años. Este cierre del Congreso solo se remonta a lo que se vio en 1949, cuando el presidente Mariano Ospina Pérez cerró el Legislativo para evitar un juicio en su contra.

El 26 de marzo, el presidente del Senado, Lidio García, dijo en un comunicado que no era viable llevar las discusiones a través de métodos virtuales porque, según la Ley 5 que rige el Congreso, solo son válidos los debates que se adelanten de forma presencial. Su postura ha sorprendido porque, justamente, el decreto de Duque apuntaba a destrabar dicha discusión. Por si fuera poco, ahora está citando a una plenaria presencial el próximo 13 de abril, a las 3:00 p. m., cuando podría levantarse la cuarentena, aunque eso aún no esté garantizado. Esa actitud de García ha sido cuestionada y va en contravía de lo que se ha visto en otras corporaciones públicas, como el Concejo de Bogotá, cuyos integrantes vienen sesionando virtualmente sin mayores contratiempos.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, advierte que “la tesis según la cual el Congreso no puede tener sesiones virtuales conduce, en momentos como los actuales, a un bloqueo institucional que, de facto, suprime a la rama legislativa y compromete los cimientos del Estado de derecho. Lo que es inconstitucional es no sesionar”.

La mayoría de los senadores apoya la idea de que el Congreso legisle inmediatamente de manera virtual. Algunos, no obstante, solicitan que las discusiones venideras se centren exclusivamente en los temas que tienen que ver con la emergencia del coronavirus.

Sobre esto, la senadora Paloma Valencia aseguró que “el tiempo de los ministros y funcionarios es para solucionar los problemas de la gente, no para que congresistas pontifiquen sobre lo que ellos creen que se debe hacer”.

Ella propone que, en función del equilibrio de poderes, se designen voceros por bancada que semanalmente sostengan una reunión virtual con el presidente Duque para presentar sus solicitudes o quejas a la estrategia planteada para hacerle frente al coronavirus.

Para intentar desempantanar la discusión, constitucionalistas han argumentado que los congresistas también pueden apelar al Artículo 140 de la Constitución. El texto afirma que “las Cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”. Bastaría que ese otro lugar se interprete como un espacio virtual y que la situación de la covid-19 se asuma como una perturbación del orden público por el estado de emergencia en el que está el país.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny, quien junto con otros profesores emitieron su concepto sobre la discusión, le dijo a SEMANA que “ni la Constitución ni el reglamento del Congreso, es decir la Ley 5, aprueban las sesiones virtuales, pero tampoco las prohíben”.

A su juicio, “una interpretación razonable del Artículo 140 de la Constitución autoriza al presidente del Senado a convocar sesiones virtuales por la coyuntura de la covid-19 y atendiendo la salud de los congresistas y miembros presenciales”. Además, agrega, “no se puede interpretar la Constitución de manera que se haga difícil o imposible el funcionamiento del Congreso”.

También está presente la discusión sobre si la Corte Constitucional podría tumbar los proyectos aprobados virtualmente por vicios de trámite. Uprimny considera que prima la buena fe de los congresistas que se convocan, por lo que “no habría culpa o dolo en el caso de eventuales sanciones o procedimientos”.

José Daniel López, representante a la Cámara, dice que en un mes la Corte Constitucional avalará el Decreto 491, lo cual puede blindar los proyectos aprobados.

Esta semana varias comisiones se reunieron de manera virtual con el ánimo de sesionar, pero en el entendido de que legalmente no eran válidas. A pesar de que no faltaron las fallas técnicas, varios congresistas discutieron el momento coyuntural que afronta el país y las medidas que está tomando el Gobierno.

Si el Congreso no toma un rumbo pronto, proyectos vitales para lo que se viene luego del coronavirus terminarán hundidos. Entre ellos están la ley del empleo para el adulto mayor, que brinda alivios tributarios a aquellas empresas que contraten a personas que estén por encima de la edad de pensión y que no hayan logrado dicho beneficio. También está la ley de pago a plazos justos, que busca limitar el plazo de pago a proveedores a 45 días y ayudar a los pequeños y medianos empresarios.

Otro proyecto fundamental es el de borrón y cuenta nueva, que busca darles una segunda oportunidad a los deudores en las centrales de riesgo. Eso sin contar las reformas de fondo a la justicia, al sistema pensional y laboral, que en todo caso están en un segundo plano por el coronavirus.

Esta parálisis del Congreso no le conviene a nadie. Los colombianos siempre han tenido una imagen negativa del Legislativo por muchas razones, y este enredo jurídico es visto como una excusa para ponerse al servicio de los ciudadanos en el momento en que más se necesitan leyes que ayuden a mitigar los devastadores efectos de la pandemia.

Mientras el Gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones hacen hasta lo imposible por evitar la parálisis de sus gestiones, los congresistas se ven sin un rumbo fijo y el país sufre día a día por el coronavirus.