Consejo de Estado admite demanda de perdida de investidura contra ocho congresistas por apoyar la “vaca por Antioquia”

Un duro coletazo está dando el apoyo de algunos congresistas antioqueños a la que se ha denominado la “vaca por Antioquia”, que busca recaudar fondos para terminar las obras viales del departamento, luego que el presidente Gustavo Petro, anunciara que no continuará la financiación las obras de las autopistas 4G de la región.

La vaca, que es promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha generado posiciones encontradas, y al principio incluso se habló de posibles ingresos de dinero ilegal. Sin embargo, con contundencia ha sido respaldada por sectores políticos, entre ellos, varios congresistas que ahora tendrán que responder ante el Consejo de Estado.

Se trata de los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrés Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina

También serán investigados los representantes a la Cámara, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez.

El abogado demandante, Carlos Mario Patiño, manifestó en la demanda que “según el decreto de la Gobernación para reglamentar la vaca, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”.

La pretensión de la demanda es que se declare la pérdida de investidura de estos legisladores. “Este proceso puede ser largo (...) Cada congresista tiene 50 salarios mínimos mensuales en asesores y no podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades y compatibilidades, como me parece a mí que la hay”, explicó el abogado en diálogo con SEMANA.

En este sentido se considera que los legisladores demandados habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que les establece la Constitución Política.

Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado enviará la respectiva notificación para que los ocho congresistas presenten sus argumentos. Igualmente, un delegado del Ministerio Público deberá presenta su concepto, es decir, si apoya o no las pretensiones de la acción judicial.

La mayoría de los congresistas demandados pertenecen a la bancada antioqueña o al Centro Democrático, salvo el representante Peinado que es del Partido Liberal, pero ha sido uno de los críticos de las posturas del Gobierno Petro sobre el departamento.

Por esa razón, a través de sus cuentas oficiales, el Centro Democrático respondió a esa ofensiva jurídica y le restó importancia. “Los enemigos del civismo y la ‘vaca’ por las vías atacan de nuevo, ahora lo hacen contra la generosidad y solidaridad de nuestros congresistas. La demanda no tiene asidero jurídico. Primero, porque en la donación no hay ninguna conducta ética o moralmente reprochable; y en segundo término, porque la donación es unilateral y gratuita y no representa beneficio alguno para quienes decidieron apoyar de forma desinteresada esta causa por Antioquia y el país”.