Continúan trabajos de limpieza de un derrame de petróleo en zona rural de Neiva

Un derrame de crudo se registró este fin de semana en la vereda San Francisco del corregimiento de Guacirco, en zona rural de Neiva, Huila, que obligó a suspender las actividades del pozo para atender la emergencia.

El hecho se presentó en una línea de producción del campo San Francisco que ocasionó un derrame de petróleo que fue bajando por las corrientes hídricas de la zona.

Ecopetrol informó que una vez registrada la emergencia se procedió a suspender la operación del pozo y se activó un plan de emergencia para poder realizar todas las maniobras de mitigación y limpieza de las zonas afectadas.

Igualmente, los funcionarios de la compañía informaron que gracias a la detección temprana del hecho se controló el tema a tiempo sin pasar a una emergencia mayor.

Además, informó que se están realizando monitoreos permanentes al agua, en compañía de las autoridades ambientales, para poder determinar si hay otros daños en el ecosistema y realizar las maniobras de atención a tiempo.

Así mismo, la compañía nombró un equipo de investigación para establecer las razones por las cuales ocurrió el derrame y tomar los correctivos correspondientes para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar.

Demandan a española Repsol por 4.500 millones de dólares tras derrame de crudo en Perú

La agencia gubernamental peruana de defensa del consumidor demandó a la petrolera española Repsol por 4.500 millones de dólares por los daños y perjuicios que causó el derrame de unos 12.000 barriles de crudo en enero pasado.

La demanda fue presentada ante el juzgado civil 27 de Lima contra seis empresas solidariamente: Repsol (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d´amico Armatori (Italia, armadora del buque tanque involucrado), detalló la agencia peruana.

“Estas acciones podrían generar jurisprudencia en temas de derrames de petróleo que producen perjuicios y daño moral colectivo por contaminación al medio ambiente en zonas ribereñas”, dijo Julián Palacín, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El derrame de petróleo ocurrió el 15 de enero de 2022, mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, a unos 30 kilómetros al norte de Lima, propiedad de Repsol.

La petrolera atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en la isla de Tonga, al otro lado del océano Pacífico, y el Gobierno peruano calificó la situación como un “desastre ecológico”.

El derrame de crudo de Repsol afectó a más de 700.000 pobladores, pescadores en su mayoría, y obligó al cierre de una veintena de playas y decenas de comercios de las zonas afectadas.

El Indecopi reclama 3.000 millones de dólares por los daños ambientales y 1.500 millones de dólares por daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados, según se dejó estipulado en la demanda.

La mancha de crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería de La Pampilla, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas halló 539 aves y dos lobos marinos muertos hasta el pasado 11 de abril.

Las actividades pesqueras y turísticas en la zona también se han visto perjudicadas desde hace cuatro meses por este derrame de petróleo. Según Repsol, los trabajos de limpieza en el mar y las playas llegaban al 96 % en abril.

La Fiscalía abrió una investigación por el derrame y ocho directivos de Repsol tienen impedimento judicial de salir del país por el incidente, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández - Cuesta Luca de Tena. Los demás son ciudadanos peruanos.

Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) ha impuesto cinco multas a Repsol por unos 620.000 dólares.

Inmovilizado a pedido de la Fiscalía, cuatro meses después del derrame, el Mare Doricum permanece anclado a seis millas de la costa peruana bajo vigilancia de guardacostas de la Marina.