Contraloría alerta sobre el riesgo presupuestal que implicaría la vinculación laboral directa de 40.000 madres comunitarias del ICBF

La Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo presupuestal que implicaría la vinculación laboral directa de 40.000 madres y padres comunitarios a la planta del ICBF.

La alerta se da frente a los anuncios del Gobierno nacional, respecto de procesos de normalización de la vinculación laboral de estos trabajadores comunitarios y que, además, se incluye en los Artículos 137 y 139 del plan Nacional de desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la Contraloría, se observa que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto del ICBF de aproximadamente $ 1 billón de pesos adicionales en cada vigencia, sin tener en cuenta los subsidios de subsistencia, sobre los cuales la Contraloría no tiene certeza, por no existir estudios técnicos y económicos por parte de la entidad.

La Contraloría hace un llamado para que antes de la vinculación laboral directa de estas personas se hagan estudios técnicos y financieros.

“Se hace igualmente un llamado de atención para que el ICBF adelante los estudios técnicos y financieros pertinentes que conlleven la determinación del impacto fiscal de los procesos de formalización progresiva y gradual de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria, al igual que respecto de los subsidios de subsistencia para ex madres y padres comunitarios y sustitutos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo”, dice la entidad.

La mayoría de madres y padres comunitarios prestan sus servicios en la modalidad de atención a la primera infancia y están vinculados laboralmente a través de operadores.

La Contraloría encuestó a 1.755 madres y padres comunitarios y concluyó que los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan principalmente a la contratación directa a través del ICBF, sin intermediación a través de operadores para garantizar estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión.

Las madres y padres comunitarios también piden reconocimiento del bono pensional de vejez para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión, aumento salarial, ya que en la actualidad devengan un salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia y pago de horas extras.

Otros de los requerimientos tienen que ver con la dotación de uso personal y para el Hogar Comunitario y el reconocimiento de subsidios para el pago de arriendos, para aquellas madres y padres comunitarios que hacen uso de su lugar de habitación para la atención del Hogar Comunitario, acceso a herramientas tecnológicas y mejoramiento y optimización de la infraestructura física de los Hogares Comunitarios.

No se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios

La Contraloría también señaló que faltan controles respecto de la supervisión de los contratos con operadores a cargo del ICBF.

“Dicha supervisión se limita a un control netamente administrativo, dejando de lado la supervisión financiera y jurídica, circunstancia que limita la solución de los problemas con oportunidad, en aras de garantizar la prestación del servicio a la primera infancia en condiciones de normalidad”, advierte el órgano de control.

La Contraloría también advierte que no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios, y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales.

Asimismo, en el proceso de verificación de la eficacia de la gestión del ICBF, se evidenciaron inconsistencias en la información suministrada por el Instituto frente a la ejecución presupuestal en la modalidad comunitaria en las vigencias 2016 a 2022, superiores a los $ 40 billones de pesos.

“Esta situación pone de manifiesto la posible materialización de riesgos que pueden conllevar pérdidas en el recurso público, toda vez que la entidad no tiene certeza de los recursos ejecutados en el programa”, dice la entidad

Las diferencias existentes entre la información suministrada por el ICBF, frente a los datos del sistema de seguimiento a proyectos de inversión, ascienden a una suma superior a los $ 9 billones de pesos.

“La CGR hace un llamado urgente al ICBF, en aras de que se fortalezcan los sistemas de recaudo, administración y control de la información entre las diferentes territoriales y el nivel central, en garantía de su veracidad y correspondencia con la realidad. Sin instrumentos de seguimiento y control adecuados, la entidad seguirá adoleciendo de sistemas de medición para determinar los impactos de la política pública de primera infancia, ejecutada en todo el territorio nacional”, puntualizó la Contraloría.