Contraloría detectó daño patrimonial de casi $8.000 millones por sobrecostos y pagos sin soportes en el PAE

La Contraloría General de la República reveló un panorama preocupante alrededor del funcionamiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Los hallazgos dejan en evidencia un grave daño patrimonial, un hueco fiscal para poner a funcionar el programa en 2026 y una serie de inconsistencias que ponen en jaque la alimentación de los estudiantes en Colombia.

Durante el foro Una mirada a la alimentación escolar en Colombia, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que entre 2024 y 2025 se detectaron 30 hallazgos fiscales que provocaron un daño patrimonial por casi $8.000 millones, relacionados con sobrecostos y pagos sin soportes de ejecución.

Lo más delicado del caso, según el informe, es que “en el periodo 2020, al primer semestre de 2025, el PAE ya suma más de 813 hallazgos; de estos, 185 con incidencia fiscal por más de $55.500 millones; de estos, más de $33.000 millones por sobrecostos, 61 % del total detectado”.

El estudio realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación también identificó que una de las principales problemáticas del Programa de Alimentación Escolar es la frecuente desfinanciación, pues en 2025 el PAE ha beneficiado a más de 5,5 millones de estudiantes con casi $5,27 billones, pero para el próximo año harían falta $1,2 billones para 1.200.000 estudiantes que aún no reciben alimentación escolar.

El ente de control concluyó que, “aunque se han registrado mejoras significativas, todavía existen retos para garantizar una implementación equitativa y efectiva, especialmente en las regiones y poblaciones más vulnerables”.

La Contraloría advirtió que, aunque el PAE tiene una distribución relativamente equitativa de los recursos, persisten diferencias significativas entre regiones, asociadas a factores de inseguridad alimentaria, geográficos y socioeconómicos.

“Regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur, que registran los niveles más bajos de seguridad alimentaria, reciben, en términos per cápita, menores asignaciones de recursos del programa”, concluyó el contralor Rodríguez.

El informe también sacó a flote que departamentos como Amazonas, Casanare y Guavire no alcanzan ni el 50 % del cubrimiento de la población estudiantil, mientras que municipios como Sahagún, Córdoba, no tienen ni el 20 % de cobertura de estudiantes del sector oficial para el año 2023, lo fue calificado como un “caso crítico”.

Para esa época se evidenció que más de dos millones de niños, niñas y adolescentes no recibieron la alimentación escolar durante su jornada académica, situación que quedó reflejada en las auditorías realizadas por la Contraloría, como en los reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez llamó la atención sobre la situación de infraestructura, alertando que “se evidenciaron problemas en la funcionalidad de las cocinas, comedores inadecuados, deficiencias en equipos de refrigeración, falta de acceso a agua potable y menaje insuficiente, lo que puede ocasionar riesgo de inocuidad en los alimentos, limitando la eficiencia del programa”.