Corrupción en la UAESP: La tragedia humana que se destapó por el polémico contrato para la administración de los cementerios en Bogotá

Deudas que ascienden a los 75 mil millones de pesos, modificaciones abruptas en los contratos, rebajas en los salarios sin justificación alguna, despidos al por mayor, presiones constantes para realizar exhumaciones e inhumaciones, esto hace parte del cóctel que explotó en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en torno a un millonario contrato de 41.301 millones de pesos que tenía como objetivo la administración, explotación, mantenimiento y conservación de los cuatro cementerios del Distrito (norte, sur, central y Parque Serafín).

La situación, según le revelaron a SEMANA varias fuentes que prefieren la reserva de su identidad y cargo, es más que insostenible. Los pocos trabajadores no dan para cumplir con todas las funciones asignadas, situación que ha afectado considerablemente el cuidado de los campo santos, por lo que no es raro que los hornos crematorios estén apagados, las instalaciones abandonadas y la falta de vigilantes brille por su ausencia.

El ánimo de los trabajadores está por el piso si se tiene en cuenta que a muchos les rebajaron más de un millón de pesos de su salario (pasando de $2′200 a $1′400 y de 2′000 a 1′200), además de no recibir el pago de salud y ARL durante los meses de septiembre y octubre. Esto ha generado una serie de protestas por parte de los trabajadores frente a los cementerios. La respuesta que han recibido siempre es la misma: “No hay plata”.

El autor de esta lapidaria frase es Eder Parada Carreño, uno de los integrantes de la junta directiva de la empresa Jardines Luz y Paz S.A.S., la misma que ganó, en medio de una gran polémica, el proceso de licitación convocado por la UAESP para el contrato avaluado en 41.301 millones de pesos. Pese a esto, los empleados reclaman que el hombre compró recientemente una lujosa camioneta marca BMW, la cual luce y aduce que “es un regalo de los cementerios”.

En su oficina, ubicada en las instalaciones del Cementerio Central, no han sido pocos los bacanales que se han celebrado con varios de sus empleados de confianza. “¿De dónde sale la plata para eso?”, se pregunta una de las trabajadoras que sigue esperando el pago de su salario completo.

“¿Tienen para camionetas lujosas, escoltas, cirugías plásticas? A costillas de los demás. No más abusos laborales con los pagos, adeuda $601 millones”. Rezaba una de las pancartas instaladas en la puerta del cementerio central en las protestas que se realizaron en agosto y que no fueron atendidas ni por la UAESP ni por los encargados del contrato.

Como si fuera poco, el convenio de vigilancia con las empresas 5Security y Prosecurity se canceló, dejando en el limbo la seguridad de los cementerios de Bogotá y de paso deudas por 601 mil millones de pesos. Pese a la gravedad de la situación que se extendió por varios meses, nunca se tomaron cartas en el asunto, ignorando por completo las protestas y manifestaciones que se hicieron en inmediaciones del Cementerio Central, el más grande, visitado y abandonado.

Pero esta no es la única deuda que tiene pendiente la empresa Jardines Luz y Paz: los sepultureros y las personas encargadas de arreglar los hornos crematorios no recibieron durante meses sus sueldos, pero están obligadas a trabajar bajo el riesgo de un despido por motivos justificados. Lo que ha llevado a una verdadera crisis interna y a saltarse incluso los controles poniendo en riesgo su seguridad porque existe una presión para que las cremaciones continúen realizándose.

Esto pese a que el servicio de gas, el cual es clave para el funcionamiento de los hornos crematorios, fue cortado por falta de pago, por lo que varios cadáveres tuvieron que ser trasladados de afán, despojándolos así de su dignidad. La deuda con Vanti asciende a 75 mil millones de pesos. Igualmente, le deben 270 millones de pesos a la empresa Ecocapital, que adelanta las labores de recolección de basura y escombros en esa zona.

¿Eliminación de pruebas?

Parada habría presionado, además, a sus funcionarios para que realizaran llamadas sistemáticas a las personas que tenían a sus seres queridos enterrados con el fin que realicen la exhumación de los cadáveres, la cual tenía un costo cercano a los 485 mil pesos. Ni que decir de los procesos de cremación que se siguieron realizándose pese a que solamente estaba en mediano funcionamiento el del Cementerio Central.

Un informe de interventoría advirtió que cuando se quiso realizar la inspección una persona que se presentó como el encargado de la vigilancia impidió el acceso por no tener autorización por parte del respectivo concesionario (Jardines de Luz y Paz). Tras ser contactado el administrador del cementerio, Bayardo Silva, se advierte que no podían ingresar.

En la denuncia radicada se advierte que cuando estalló el escándalo por las demoras en la ejecución del contrato el integrante de la junta directiva habría sacado documentos esenciales de su oficina antes que llegaran los agentes de la Fiscalía General y la Contraloría de Bogotá, lo que afectaría la investigación penal y fiscal. Sumado a esto se encuentra el retiro de 371 millones de pesos cuyo destino y uso se desconoce por completo.

Entre estos documentos se encontraría todo lo relacionado con el nombramiento del administrador del Parque Serafín, ubicado en el sur de Bogotá. Un hombre de la entera confianza de Parada, y quien se desempeñó como su conductor durante años, fue designado para este cargo pese a que no cumplía todos los requisitos, ni siquiera uno tan elemental como escribir.

El proceso de interventoría realizado por el consorcio San Marcos también ha estado en el ojo del huracán por haber realizado anotaciones que no correspondían a la verdad. Como cuando se señaló que “no se identificó ninguna solicitud que fuera en armonía a las denuncias respectivas”.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que, como quedó consignado en el documento, la recolección de información fue impedida por los vigilantes de la nueva empresa de seguridad que siguiendo órdenes de los socios de Jardines Luz y Paz impidieron su ingreso en los cementerios o sabotearon el ingreso a unas zonas.

Este documento habría sido presionado por dos de los socios de la empresa con mayor porcentaje de participación y que tienen una pelea interna por el manejo del millonario contrato que aún, pese a todo, sigue ejecutándose.

El tema de las irregularidades por la celebración del contrato avaluado en 41 mil millones de pesos es solamente la punta del iceberg. Existirían otras irregularidades con otros contratos, entre estos la recolección de basuras.

La Contraloría de Bogotá advirtió que se encuentra en etapa de recolección de pruebas para determinar si existieron otras fallas en los contratos firmados en la UAESP, que tiene un presupuesto anual de 495 mil millones de pesos.

Las irregularidades, según una denuncia radicada ante la Fiscalía General, se presentó desde el primer momento. En medio del proceso de licitación se habría logrado el direccionamiento para beneficiar a la Unión Temporal Cementerios del Distrito.

Prueba de esto son las interceptaciones telefónicas en las que Marcel Esquivel Reina -un arquitecto de profesión y viejo conocido en la política del municipio de Barbosa (Santander), promovido por el Partido Colombia Renaciente- siendo el encargado del proceso de contratación de la UAESP le señala a una persona conocida como el “ingeniero”, quien sería otro de los integrantes del proceso de licitación en la entidad, la necesidad de quitar del camino a dos de los oferentes para dejarle la licitación servida a la Unión Temporal Cementerios del Distrito.

El único pronunciamiento oficial por parte de la UAESP es un comunicado en el que advierte que se denunciaron estas irregularidades ante la Fiscalía General y que están dispuestos a entregar toda la documentación. Sobre la situación de Marcel Esquivel Reina, poco o nada se sabe.

En un correo electrónico firmado por la directora de la UAESP, y conocido por SEMANA, se anuncia que varios de los encargados del proceso de contratación en la entidad renunciaron a sus cargos “por decisión propia”. En el e-mail se indica que “se hará todo, absolutamente todo lo necesario para llegar al fondo de este asunto y ayudar a los entes de control para encontrar a los verdaderos responsables. No permitiremos que quienes trabajamos honrada, honesta y comprometidamente con y para la ciudad, seamos salpicados por quienes actuaron indebidamente y pusieron en tela de juicio nuestra gestión, la de la UAESP”.

Por el momento, no han querido emitir más pronunciamientos “con el fin de no interferir” en las investigaciones que se adelantan en la actualidad, reiterando que fueron ellos los que pidieron que se investiguen estas irregularidades y ya enviaron todos los soportes a los organismos encargados.