Corrupción en la UNGRD: así va el proceso de Carlos Ramón González y su posible medida de aseguramiento

El próximo viernes 6 de junio continuará la audiencia en la cual la Fiscalía General pedirá la medida de aseguramiento en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González por su presunta participación en el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En esa oportunidad, el ente le pedirá a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, que avale esta medida de aseguramiento privativa de la libertad a Carlos Ramón González quien se encuentra fuera del país desde hace varias semanas.

El pasado miércoles la Fiscalía General le imputó al exfuncionario los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Vinculándolo así formalmente al proceso penal.

Tras la pregunta del magistrado Leonel Rogeles Moreno el exdirector del Dapre manifestó que, después de consultar con su abogado, no iba a aceptar los tres cargos imputados.

“No acepto los cargos, ya que todas son calumnias sin fundamento”, respondió el exdirector del Dapre, quien asistió a la audiencia de manera virtual desde un lugar desconocido.

Durante la diligencia judicial el fiscal once delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, explicó los máximos y mínimos de la condena a los que se expone el exfuncionario de ser hallado culpable por estos hechos de corrupción registrados en octubre de 2023.

“Conforme con estos hechos, usted, señor Carlos Ramón González, está llamado a responder así: en calidad de autor a título de dolo de la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer (...) incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, multa de 66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144″, precisó el fiscal.

“La segunda conducta se le imputa a título de determinador realizada con dolo, conducta de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, previsto en el artículo 397 de la norma sustancial que consagra que el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado, o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se haya confiado por razón o por ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 207 meses y multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”, detalló.

“En cuanto al tercer y último delito, la forma de intervención criminal fue determinador a título de dolo de la conducta punible de lavado de activos prevista (...) incurrirá por esa sola conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de mil a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, le es adjudicable a usted, señor Carlos Ramón González, la circunstancia de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 del Código Penal, esto es, carencia de antecedentes penales, y las circunstancias de mayor punibilidad”, complementó.

En la solicitud de medida de aseguramiento se sustentará que el exfuncionario representa un peligro para la sociedad. Igualmente, se hará énfasis en que salió del país cuando tuvo conocimiento de los avances en su investigación por estos hechos de corrupción.

Por lo que el riesgo de fuga es palpable y puede entorpecer el desarrollo del proceso penal.