Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema revive proceso contra César Manrique Soacha

Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el proceso que se adelanta contra el exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique Soacha, pasará nuevamente al juzgado 66 de control de garantías de Bogotá.

Esto después que se resolviera el conflicto de competencias presentado por la defensa del exfuncionario que alegaba que se había desconocido su “fuero constitucional”.

Manrique Soacha es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.

El pasado 4 de junio la Fiscalía General alcanzó a realizar la imputación de cargos, sin embargo, al momento que la jueza preguntó si existían dudas, el abogado del procesado elevó este conflicto de competencias.

Por lo que quedó en veremos la pregunta sobre si aceptaba o no los cargos.

Con la decisión de la Corte Suprema se reanudará el proceso. Se espera que la jueza le dé aval a la imputación hecha por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Después de esto, la Fiscalía General realizará la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Soborno de 3 mil millones de pesos

En la audiencia de imputación de cargos se reveló que en el 2024, siendo Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha movió todas sus influencias para direccionar millonarios contratos de la UNGRD con el fin de pagar favores políticos.

Por su intervención, habría recibido sobornos cercanos a los 3 mil millones de pesos.

“César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública y los particulares Edgar Eduardo Riveros Rey, abogado, empresario, entre otros, se concertaron para conformar una empresa criminal a fin de cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD”, enfatizó la fiscal del caso.

En este sentido, señaló que teniendo en cuenta su cargo, influencia y contactos, el funcionario dio instrucciones precisas para el desvío de los recursos.

“Con este acuerdo de voluntades entre funcionarios públicos de la UNGRD, particulares y contratistas, lograron consolidar una organización criminal que tenía como propósito interesarse indebidamente en contratos de la UNGRD en aras de direccionarlos a los empresarios que estuvieran dispuestos a pagar coimas por su adjudicación, incurriendo en múltiples falsedades documentales públicas y privadas a fin de viabilizar los desembolsos y apropiarse de los dineros del Estado”, agregó la delegada.

La “empresa criminal”, citada por la Fiscalía, estuvo acompañada por varios funcionarios de la UNGRD, Función Pública y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que permitieron la ubicación de contratos para alcanzar sus intereses.

“Se interesaron en la contratación por el valor de los recursos reducidos del convenio que el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tenía con la Agencia Nacional de Tierras (…) que estaban designados a atender la problemática de desabastecimiento de agua en el departamento de La Guajira”, precisó la fiscal.

Todos estos contratos tuvieron un valor cercano a los 98 mil millones de pesos.