En medio del escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que supuestamente se “tranzaban” el apoyo de los congresistas a cambio de contratos, entre ellos los de Invías, la Fiscalía ya tiene claro que la trama corrupta apuntó a las comisiones Primera y Cuarta de Senado, donde algunos de los protagonistas han pasado de agache, pero ya están bajo la lupa de la justicia.
El ingeniero Juan José Oyuela, quien fungió como director del Invías entre el 3 de enero y el 14 de julio de 2023, ha sido señalado como la persona que puso a disposición los recursos de la entidad para que la “empresa criminal conformada por ministros y altos funcionarios del Estado comprara la conciencia de senadores y representantes para que avalaran con su voto las reformas elevadas por el Gobierno”.
En este episodio hay nombres que habían esquivado la justicia, como el representante Juan Loreto Gómez Soto, un misterioso congresista de apellido Vega, y se ampliaron los hallazgos sobre el senador del partido de la U, Julio Elías Chagüí.
Fuentes cercanas al proceso narraron a SEMANA que en el Invías se pusieron a disposición 74 proyectos, avaluados en 571 mil millones de pesos, para comprar a los congresistas. Sin embargo, en julio de 2023, con la llegada de la directora en propiedad del Invías, Mercedes Gómez, se entregaron siete proyectos.
Según las pruebas de la Fiscalía, el senador Chagüí tenía un insistente interés en los proyectos del Invías en los municipios de Lorica, Los Córdobas y Tierralta (Córdoba), su tierra natal, y que estaban avaluados en 20.405 millones de pesos.
El senador, advierten, tuvo un marcado interés por un contrato de la UNGRD que tenía un valor de 35.000 millones de pesos. Para agilizar su entrega, según reveló María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda y testigo clave en este entramado de corrupción.
Por su parte, el representante Gómez Soto tenía asignado el convenio interadministrativo 2210 de 2023, que consistía en el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Barrancas (La Guajira), su tierra natal, y el cual estaba avaluado en 26.000 millones de pesos.
Este era clave; Gómez Soto se proyectaba, para 2023, como el próximo presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara. En dicha comisión estaba programado el debate del presupuesto nacional, en el cual tenía un especial interés el Gobierno.
Los planes corruptos se vieron estancados con los cambios en la dirección del Invías. Así quedó establecido en un extenso mensaje que le envió Juan José Oyuela a María Alejandra Benavides, para pedir una reunión “de urgencia” con los ministros Bonilla y Velasco.
Así lo confirmó la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño: “Le informó que la nueva directora Mercedes Gómez le iba a decir (al ministro Bonilla) que no había dinero para cumplir los compromisos con los congresistas, pero que en realidad sí existían rubros en el Invías de donde se podía disponer de recursos para la contratación irregular exigida por Bonilla, lo que denota claramente que Oyuela era ficha clave en este entramado criminal, a tal punto que era la persona encargada de pasar información al ministro Bonilla del presupuesto para cumplir con los compromisos ilícitos”.
Vega, el misterioso senador
En medio de este entramado de corrupción existe una subtrama. Testigos de cargo de la Fiscalía revelaron que a medida que se acercaba el plazo límite para la votación de las reformas, más congresistas se mostraron interesados en recibir parte de la torta que se estaba repartiendo desde el Gobierno.
En una reunión llevada a cabo el 6 de diciembre de 2023, en el Café Vienés, ubicado en inmediaciones del hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, el senador José Elías Chagüí, quien fungió como vocero de los congresistas de la Comisión Primera, hizo una petición especial al director de la UNGRD, Olmedo López.
En dicho encuentro, el senador del Partido de la U manifestó que él hablaba por nueve senadores de la Comisión Primera, la cual tenía en sus manos la votación de la reforma agraria, uno de los proyectos de mayor interés para el Gobierno Petro. “El senador Chagüí estaba pendiente de 15 cupos indicativos”, coincidieron en afirmar Olmedo López y María Alejandra Benavides.
Para ese momento, Julio Elías Chagüí buscaba destrabar los contratos en la UNGRD dado lo que había ocurrido ya en el Invías. De estos movimientos y presiones ya estaban avisados tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla, pues ya habían recibido el mensaje del ministro Luis Fernando Velasco.
Sin embargo, aparece un dato misterioso: de los congresistas que le habían dado la vocería a Chagüí en la mencionada reunión, los testigos solamente han dado el nombre de uno: “de apellido Vega”. Así lo reconoció la misma fiscal delegada ante la Corte Suprema en la audiencia de imputación.
“Realmente en la investigación no se logró establecer quiénes eran esos congresistas a los cuales representaba el senador Chagüí. La información que tiene la Fiscalía es que se trataba de congresistas de la Comisión Primera y solo se menciona al senador Vega”, aseveró.
La lista de los otros senadores por los que hablaba Chagüí representa una nueva línea de investigación en la Fiscalía General.
La tabla de Excel
Para la Fiscalía General, en medio de este entramado de corrupción, está claro que los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco tuvieron un conocimiento claro del direccionamiento de los contratos tanto en la UNGRD como en el Invías. “Todo esto con el fin de pagar favores políticos”.
Los señalamientos son bastante graves. Los tres principales testigos detallaron la forma en que Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no titubearon cuando ordenaron el envío de los cupos indicativos y proyectos para los congresistas que iban a beneficiar las reformas con su voto.
“El ministro Ricardo daba el visto bueno a los proyectos a priorizar conforme con los compromisos ilegales con los parlamentarios. Con esta información se actualizaba la tabla de cupos indicativos”, advirtió la fiscal al citar la infame tabla de Excel en la que se encontraban los siguientes datos: “número, departamento, municipio, vía, convenio nuevo o adición, valor del proyecto, convenio de interventoría, valor del convenio-estado”.
Los contratos no se movían sin orden expresa del Ministro de Hacienda o la intervención del ministro del Interior.
“El manejo del presupuesto en la UNGRD no seguía un procedimiento regular, sino que estaba completamente controlado por el ministro de Hacienda. Sin la firma del ministro no se podían expedir los certificados de disponibilidad presupuestal ni realizar contrataciones. Ese control se ejercía mes a mes agotando el presupuesto asignado para luego solicitar la aprobación del siguiente periodo”, indicó la Fiscalía en la audiencia celebrada el pasado primero de diciembre.
