Judicial
Corrupción en la UNGRD | Por falta de argumentación de la Fiscalía, una jueza le negó el principio de oportunidad a Olmedo López
El exdirector de la UNGRD se había comprometido a entregar más información. El complejo expediente queda en vilo.
Cero y van dos en el proceso de colaboración del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez.
Este lunes 4 de agosto, la jueza quinta de control de garantías de Bogotá negó darle aplicación al principio de oportunidad firmado por el exfuncionario con el que se comprometía a entregar más información dentro de este escándalo de corrupción.
Fuentes cercanas del caso aseguraron que durante la diligencia, que se adelantó de forma reservada, la jueza aseveró que no se sustentó de debida forma los alcances del principio de oportunidad y las investigaciones en las que iba a declarar.
En el análisis de la petición presentada hace dos semanas, la funcionaria judicial manifestó que la fiscal del cargo no cumplió con la exigencia legal para sustentar el principio de oportunidad.
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En este sentido, se consideró que tras el examen riguroso de la matriz de colaboración puesta de presente por la delegada del ente investigador, no se encontró una explicación clara y minuciosa sobre los procesos en los cuales colaborará el exdirector de la UNGRD.
Como jueza de control de garantías, reveló que se debe velar por la impartición de una recta administración de justicia con el fin de lograr un beneficio colectivo a la sociedad que se ha visto afectada por este caso de corrupción.
La declaración del exdirector de la UNGRD ha sido clave para fortalecer líneas de investigación, como las irregularidades en la compra de 60 carrotanques y las máquinas desalinizadoras que tenían como objetivo mitigar la crisis de agua que se presentaba en varios municipios de La Guajira. Así como el desvío de millonarios contratos que terminaron en manos de varios de los congresistas de la Comisión de Crédito Público.
Con su declaración, la Fiscalía General ha vinculado a otros altos funcionarios del Gobierno Petro en este caso de corrupción, como es el caso de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.
También, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y el exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha.
La defensa de Olmedo López y la Fiscalía General presentaron un recurso de apelación en contra de los alcances de esta decisión. Esto deberá ser resuelto por un juez de conocimiento de Bogotá.
La matriz de colaboración
En el documento de 108 páginas revelado por SEMANA se indica que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, se comprometió a entregar información frente a altos funcionarios del Gobierno Petro que tuvieron conocimiento y participación activa.
Los cuestionamientos apuntaban a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla; al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.
En el caso del exministro Ricardo Bonilla se abre un subcaso que vincula a “miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República”.
“Declarará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, valiéndose de su cargo, ordenó, supervisó, coordinó y lideró la estructuración y materialización de una operación ilegal encaminada a direccionar la contratación ilícita de la UNGRD con destino a congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”, señala claramente uno de los apartados sobre la colaboración.
“Con ocasión del trámite de operaciones de crédito público impulsadas por el Ministerio de Hacienda en las Comisiones Económicas del Congreso, el procesado relatará que Jaime Ramírez Cobo, enlace de la Presidencia, por instrucción de la entonces cabeza de esa cartera ministerial, Ricardo Bonilla, buscó contactarlo con el fin de indagar el estado de una serie de contratos, a cuya gestión estaba ligada la suerte de las operaciones de crédito público de la Nación”, añade el principio de oportunidad.
En uno de los principales puntos se cita el nombre de una persona que, hasta la fecha, no ha sido vinculado formalmente a un proceso penal: el exsenador y exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
“Declarará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, valiéndose de su cargo y posición política, ordenó, supervisó, coordinó y lideró, en conjunto con otros altos funcionarios del Gobierno, la estructuración y materialización de una operación ilegal de entrega de dádivas, producto de la contratación ilícita de la UNGRD, con destino a congresistas”, dice el documento que compromete a Velasco.
El encuentro “convocado por Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, en el que participaron, entre otros, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior (…), quien explicó y puso de presente la línea de actuación que se estaba siguiendo, y que se debía seguir, para lograr sacar adelante los proyectos de ley en iniciativas del Gobierno en el Congreso, consistente en realizar negociaciones y acuerdos con los legisladores en punto al monto que por concepto de contratos se les otorgaría por sus votos”.
Según la versión de Olmedo López, el exministro de Interior era muy bueno para transar. “Las negociaciones que Velasco estaba adelantando en el órgano bicameral (Congreso) para reducir la suma de 80 mil millones de pesos en contratos propuesta por algunos congresistas, a 35 mil millones de pesos, contrapropuesta realizada por el ministro”.
Los señalamientos a Velasco no terminan ahí. Olmedo López aseguró que tuvo un contacto directo con varios de los congresistas interesados en la repartija de contratos que estaban en poder de la UNGRD.
“El entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le ordenó (a Olmedo) ilícitamente realizar las gestiones necesarias para materializar un acuerdo al que había llegado con miembros de la Comisión Primera del Senado, cuya vocería o representación recaía sobre el senador Chagüi Flórez, consistente en el intercambio de votos favorables a los proyectos de ley e iniciativas del Gobierno por la adjudicación de contratos de la UNGRD en su beneficio, por un valor aproximado de 35 mil millones”, enfatiza.
