Corte alerta serias debilidades en las medidas del Gobierno para atender la crisis de agua en La Guajira

La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) frente a la grave crisis humanitaria que atraviesan las comunidades indígenas wayuu, acaba de advertir serias debilidades del Gobierno Petro con el fin de garantizar el acceso al agua para esa población.

La conclusión se dio después de las respuestas que emitieron varias entidades competentes con el sector agua y de otras que han sido convocadas durante este caso, así como la información entregada por la Procuraduría, la Defensoría y la ciudadanía.

Con esa información, la Sala de Seguimiento advirtió: “La información carecía de unidad, uniformidad, secuencialidad y precisión, siendo insuficiente para reportar resultados en relación con la disponibilidad, accesibilidad y calidad del derecho al agua protegido a la niñez wayuu”.

La Corte Constitucional también alertó que las medidas que ha tomado el Gobierno nacional y las entidades territoriales “no reportan un impacto” sobre el derecho al agua, teniendo en cuenta que son “acciones urgentes” a corto plazo que han sido plasmadas en el Plan Provisional de Acción.

Pero la Sala también señaló serios bloqueos institucionales: “a) debilidades para diseñar acciones dirigidas a recolectar información relevante para estructurar soluciones en materia de agua, b) debilidades para estructurar planes que garanticen todas las dimensiones del derecho al agua, c) debilidades en la planeación, ejecución y adquisición de recursos, d) debilidades en materia contractual y e) desarticulación institucional”.

En el documento también se conoció que existe ausencia de una política pública que atienda la necesidad de agua de los niños wayuu en el mediano y largo plazo. “Esta falencia no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que representa un incumplimiento flagrante de lo dispuesto por la Corte Constitucional”.

Frente a esas falencias, la Sala de Seguimiento ordenó medidas correctivas para que se estructure la información sobre los impactos en disponibilidad, acceso y calidad del agua. También pidieron a las entidades que hacen parte del Comité Técnico del Agua, que entreguen un inventario sobre la infraestructura en materia de agua.

“La Sala también ordenó que se alleguen los estudios sobre la eventual relación entre la actividad minera y la escasez de agua potable. Determinó, además, que, en caso de constarse dicha relación, se deberán remitir las estrategias para enfrentar el fenómeno“, fue otra de las nuevas órdenes para enfrentar dicha crisis.

Adicionalmente, el auto pidió que se garantice la participación de las comunidades wayuu en las acciones y estrategias para planificar la estructura del servicio del agua. La Procuraduría y la Contraloría deberán adelantar verificaciones en territorio sobre el cumplimiento de todas estas órdenes.