Corte Constitucional citó a audiencia pública por debate sobre la venta del aguardiente por regiones en Colombia

Un trascendental debate cursa en la Corte Constitucional sobre la venta de aguardiente, tal vez la bebida alcohólica más representativa del país y por ende una de las más consumidas.

Debido a esto, la mayoría de departamentos producen su propia marca, la cual solamente puede ser consumida en ese límite geográfico.

Una demanda presentada por el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, advierte que el artículo 28 de la ley 1816 de 2016 que establece que los departamentos puedan suspender por seis años la venta de otras marcas va en contra de los principios constitucionales y legales.

Dicha normatividad faculta a los departamentos que ejerzan el monopolio por producción directa o por contrato de los licores, para suspender la expedición de los permisos de introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus jurisdicciones.

Para Robledo, esta restricción afecta la industria y la producción y distribución de este licor. “Atenta gravemente contra el modelo económico que parte de la base de que no es el gobernador, con un decreto, el que le dice a los ciudadanos que aguardiente pueden consumir”, señaló en su momento el demandante.

En este sentido asegura que va en contra de la libertad del mercado que el gobernador de cada departamento decida que bebida se consume y cuál no.

En medio de este debate, la Industria Licorera del Cauca y la Fábrica de Licores de Antioquia ya pidieron dejar en firme la restricción.

Frente a este caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar citó para el próximo 7 de octubre a una audiencia pública para conocer diversos conceptos y así plantear una ponencia.

En el auto que cita el magistrado manifiesta la necesidad de esta audiencia al advertir controversias importantes para efectos de la decisión de constitucionalidad.

En la diligencia se presentaron dos ejes temáticos frente al debate del monopolio rentístico de licores.

El primero tiene que ver con el ejercicio del monopolio rentístico de licores por parte de los departamentos.

Mientras que el segundo tiene como objetivo revisar la finalidad de la medida y en los efectos que genera la medida demandada en el recaudo de las rentas del monopolio de licores y en la participación plural en el mercado, en particular en el segmento del aguardiente.