Nación
Corte Constitucional convoca una audiencia urgente por las graves inconsistencias para atender la crisis en el Catatumbo
El alto tribunal detectó ausencia de un plan de reacción inmediata frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
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En medio de las sentencias que declararon el estado de cosas inconstitucional por la violación masiva de derechos a las víctimas de desplazamiento forzado y la falta de garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo con las Farc, la Corte Constitucional evidenció grandes falencias por parte del Gobierno Nacional, departamental y local para atender la grave crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo.
El alto tribunal detalló que durante el seguimiento a las dos sentencias mencionadas, funcionarios de las Salas Especiales hicieron una visita en junio para recopilar información de distintas entidades y realizar un diagnóstico sobre la respuesta institucional a esa compleja situación de orden público.
La Corte detalló que ese diagnóstico dejó en evidencia la “ausencia de un plan de reacción inmediata frente a las múltiples alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, lo que evidencia la falta de acompañamiento suficiente, diferencial y proporcional a la magnitud de los riesgos que han enfrentado las comunidades”.
Así mismo, las respuestas institucionales han sido “limitadas, fragmentadas y carentes de liderazgo” en la fase de atención inmediata a las víctimas, especialmente por parte de una entidad pilar en esta problemática como lo es la Unidad para las Víctimas.
"Aunque las entidades entregaron ayudas y dispusieron de albergues, la falta de coordinación y las condiciones de inseguridad han impedido avanzar hacia la estabilización”, detalló el alto tribunal.
La Corte Constitucional también reveló que, a la fecha, no se ha podido determinar la magnitud y el número real de víctimas de confinamiento, por el fuerte control que tienen los grupos armados en la región, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Farc.
En la fase de estabilización, las Salas de Seguimiento a esas sentencias identificaron “la ausencia de garantías para los retornos y reubicaciones, así como débiles estrategias para promover la sostenibilidad socioeconómica de las familias desplazadas”.
Una situación que dejaría en entredicho la conmoción interior que decretó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, para supuestamente darle más herramientas al Estado para atender esta crisis humanitaria que, según la Corte, con el paso del tiempo se ha venido agravando.
“La situación es particularmente crítica para los firmantes del Acuerdo de Paz, cuyo desplazamiento forzado ha obstaculizado su proceso de reincorporación socioeconómica y comunitaria. Esto también ha truncado sus proyectos productivos”, es otro de los coletazos que evidenciaron los magistrados de las Salas de Seguimiento.
El diagnóstico expuso que, aunque el Gobierno lanzó el año pasado el Pacto Catatumbo, un programa social para transformar la región, hasta el momento no ha iniciado su implementación, lo que genera incertidumbre y riesgo sobre su efectividad.
“Estos hallazgos ilustran no solo la fragilidad de la respuesta a la crisis que enfrenta la región del Catatumbo, sino también un patrón de fallas que podría repetirse en otras zonas del país con emergencias humanitarias recurrentes: ausencia de prevención real, reacción insuficiente y falta de rutas claras y articuladas para la estabilización”, concluyó la Corte Constitucional.
Por eso, este 11 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública en el Palacio de Justicia, centro de Bogotá, para buscar una respuesta estatal integral frente a la larga crisis humanitaria por la que atraviesa el Catatumbo. Esa diligencia tendrá la participación de víctimas, firmantes de paz, organizaciones de la sociedad civil, autoridades nacionales y territoriales, entre otros sectores.
