Corte Penal Internacional destaca avances de la JEP en su informe anual

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que tiene en su poder la investigación y el enjuiciamiento de las personas responsables de violaciones al derecho internacional humanitario o de cometer crímenes de guerra, presentó el informe anual sobre sus labores de acompañamiento, observación y examen a situaciones en que considera que puede llegar a ser necesaria su intervención.

El informe expone la situación actual sobre los exámenes preliminares abiertos en ocho países por posibles violaciones al Estatuto de Roma, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela. 

En el caso de Colombia, el examen preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI se abrió en el año 2004, cuando se identificaron como foco de seguimiento y observación cuatro casos en los que posiblemente se presentaron violaciones al derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. Los procedimientos judiciales seleccionados fueron los relacionados con la promoción y expansión de grupos paramilitares; desplazamiento forzado; delitos sexuales y falsos positivos.

Además, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, la Fiscalía de la CPI inició también un seguimiento a los procesos que adelanta la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el marco de la justicia transicional, con el fin de aseguar que estos cumplan con todas las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma. Entre ellas la no impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad. 

Al respecto, el informe destaca que durante el año 2019 las autoridades de nuestro país han tomado medidas significativas para abordar las conductas relacionadas con delitos de la CPI.  Así mismo, para el ente investigador liderado por la africana Fatou Bensouda, la JEP “parece haber avanzado hacia el cumplimiento de su deber de investigar y enjuiciar las conductas que constituyan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".

El informe también recalca el compromiso de la Fiscalía de la CPI de seguir acompañando durante todo el año 2020 los procedimientos que se adelanten ante la JEP y las medidas legislativas que puedan afectar sus operaciones. Lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos de retribución, rehabilitación, restauración y no repetición de los hechos ocurridos en el conflicto, además de asegurar justicia a las víctimas y sanciones y penas efectivas a los responsables de estos delitos.